PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La agenda legislativa se encuentra cargada al máximo. Y con ello, las tensiones políticas. De esta manera, la pregunta es por demás simple de hacer, pero difícil de responder: ¿cuánta velocidad puede imponer el gobierno para aprobar las reformas, antes de que la tensión social lo impida?

Las demostraciones de fuerza hechas por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, sumada a los hechos violentos en Michoacán, sin olvidar las constantes demostraciones de violencia en el Distrito federal, ponen de manifiesto que las condiciones políticas no son, ni con mucho, las mas adecuadas para un debate como el que demandará la aprobación o rechazo, de las llamadas reformas estructurales.

La CNTE bloqueó por dos días seguidos, las instalaciones del Senado de la República, en algo que no es mas que un secuestro vil de todas las personas que por trabajo o mala suerte, quedaron atrapadas en las “protestas” de los maestros.

En Michoacán, el ejército pagó una nueva cuota, muy elevada, de desgaste gracias al problema de los llamados grupos de “autodefensa” y un buen número de soldados fue víctima, por horas, pero víctimas, de un secuestro masivo.

Y en la capital del país, las autoridades se ocupan más de los beneficios políticos que puedan obtener gracias a los chantajes al gobierno federal, que de resolver el creciente problema de la inseguridad y la violencia.

Por ello, la interrogante es clara. El gobierno quiere lo más pronto posible, poner en marcha las reformas, pero ¿las condiciones para ello son las mejores?

No es posible negar ya, la tensión social. La reforma educativa, ahora sí en puerta con las modificaciones a las leyes secundarias, ha puesto en ebullición al magisterio, lo mismo al ligado al oficialismo que al aliado de las izquierdas.

La reforma energética ha fracturado a la izquierda y ha polarizado a diversos grupos que se preparan

para librar una batalla campal con la idea de impedir las modificaciones constitucionales que persigue el gobierno.

Y otro tanto sucede, de manera callada por el momento, en temas como el de las modificaciones en telecomunicaciones y en el hacendarlo. Y todo llegará a un punto de tensión máxima, cuando se acerque el tema de la reforma fiscal, en la parte final del año, y se prepare el anuncio de las alzas en precios, tarifas, servicios e impuestos, pero nadie se acuerde del salario.

Entonces, la carrera es entre las aprobaciones de las reformas y las tensiones en los grupos sociales. ¿Qué reformas podrán pasar y cuáles no? ¿Habrá presiones que alcancen el éxito? ¿Hasta dónde el capital político del gobierno alcanzará para sacar adelante los proyectos? ¿Es posible pensar que algunas reformas se han convertido en tema de negociaciones políticas y que a cambio de algunas de ellas, otras puedan avanzar sin mayor problema?

El PRD y el PAN tienen las promesas en la mano. Tienen ya las mesas para la reforma política. Y cada partido presenta sus anhelos con la presión al gobierno sobre el Pacto por México.

Pero ¿todos los grupos sociales se encuentran bajo las siglas de los partidos? ¿Las oposiciones son en verdad capaces de aglutinar todas las protestas y llevarlas sólo por el terreno del ruido, pero no de la confrontación?

El gobierno decidió apostar por algo parecido al “todo o nada”. Y en poco tiempo sabremos que tanto logró y a qué costo.