La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García Medina y un grupo de líderes inmigrantes mexicanos en Estados Unidos llamaron al gobierno de Enrique Peña Nieto, plantear al Congreso y gobierno federal estadunidense que la discusión de la reforma migratoria en aquel país quede sujeta a convenios bilaterales y multinacionales.
Mediante una Declaración, luego de dos días de trabajos en la ciudad de México en el Foro “Derechos de los Inmigrantes Mexicanos en EU y la Reforma Migratoria”, convocaron también al Presidente Barack Obama a “ejercer sus facultades ejecutivas y decrete un cese inmediato de las deportaciones de inmigrantes”.
Al congreso mexicano, en particular a la Comisión de Asuntos Migratorios, pidieron que en el momento de planear el Presupuesto 2014, “se asigne una partida sustantiva para efectos de asistir las necesidades de los inmigrantes en aquel país ante la posibilidad de ser aprobada la Reforma Migratoria”.
Llamaron a una movilización en Estados Unidos el día 12 de Octubre en Defensa de los Derechos Humanos de los Inmigrantes y sus Familias y convocaron a esta misma comisión de la Cámara de Diputados a reunirse con ellos el 27 y 28 de febrero del año entrante en la ciudad de Chicago, Illinios, para abordar el tema del voto de los mexicanos en el extranjero.
Pidieron a la diputada García Medina hacer extensiva la invitación a los presidentes nacionales de los diferentes partidos políticos de México, así como al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral para que conozcan de manera personal sus demandas y propuestas sobre este tema.
Al referirse sobre una eventual reforma migratoria, la declaración señala que “el problema migratorio no puede resolverse únicamente mediante políticas internas de Estados Unidos sino binacionales y regionales”.
Entre la documentación que se podría exigir a los connacionales para cumplir con sus trámites migratorios que deberá apoyar el gobierno mexicano, “está la colaboración o no en la verificación de antecedentes penales, los mecanismos en el manejo de las visas de los futuros trabajadores huéspedes y la validez de algunos documentos como las matrículas consulares y credenciales electorales”, entre otras.
Puntualizaron que “varias de estas acciones implican el cambio de la estructura e infraestructura consular y las formas de atención a los mexicanos en Estados Unidos, con sus respectivos presupuestos y capacidades instaladas”, por lo que insistieron en la importancia de elevar el presupuesto 2014 para este fin.
Por lo que toca a Obama, le pidieron “garantice Estatus de Protección Temporal (TPS) como un acto de liberación justo y digno para todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados y sus familias, como lo hizo el año pasado con el proyecto de los jóvenes soñadores a quienes les fue otorgado un estatus de permanencia limitada conocido como Acción Diferida.
En el documento, al referirse a la reforma migratoria, rechazan sus contenidos que, afirman, “atentan en contra de los derechos humanos, laborales y políticos de los inmigrantes indocumentados y sus familias”.
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Señalaron que la propuesta de Ley, de aprobarse como está, “dejaría fuera a la mayoría de los inmigrantes y sus familias sin documentos, condenándolos a ser calificados como criminales y sujetos a encarcelamientos, amén de separarlos de sus familias y deportarlos”.
De la misma manera alertan sobre la militarización y el reforzamiento del muro en la frontera, que aseguraron, “generarán un enorme desastre ambiental en la frontera”.
La Declaración de la Ciudad de México fue signada por la Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García Medina y líderes inmigrantes mexicanas y mexicanos de Texas, Georgia, California, Washington e Illinois, entre otras entidades de Estados Unidos.

