La Segunda Comisión de la Comisión Permanente avaló un punto de acuerdo propuesto por la senadora panista Martha Elena García Gómez por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a diseñar estrategias o mecanismos para la sensibilización y capacitación de su personal, así como a crear protocolos de actuación que promuevan la especialización en la atención y trato de los funcionarios responsables de la aplicación de los programas y políticas en favor de niñas, niños y adolescentes.
El punto de acuerdo fue presentado por la legisladora por Nayarit el pasado 14 de agosto y en este solicitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno observar el “Interés superior de la niñez”, dada la situación de pobreza, desigualdad y discriminación que enfrentan los niños y adolescentes en México.
Recordó además que en las semanas previas, en medios de comunicación se dio a conocer que funcionarios y exfuncionarios públicos fueron acusado por madres de familia por “supuestos actos irregulares en agravio de sus hijos” al no garantizarles la obtención de una pensión alimenticia.
Detalló que cifras dadas a conocer por el INEGI reflejan que aproximadamente 67.3% de las madres solteras a nivel nacional no reciben pensión alimenticia para sus hijos menores, a pesar de que en algunos casos está determinada por la autoridad judicial, lo cual se traduce en una desprotección del derecho de la niñez a la alimentación.
En su exposición de motivos, la legisladora federal expuso que la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado ha recibido diversas gestiones de madres solteras que solicitan apoyo para que los deudores alimentarios cumplan con el pago de las pensiones alimenticias.
La legisladora llamó a los titulares de los poderes ejecutivos Federal y estatales, así como a los Tribunales Superiores de Justicia y a los congresos locales a que adopten las medidas necesarias para la protección del derecho de la niñez y la adolescencia a recibir alimentos.
Martha Elena García Gómez agregó que las medidas que tomen todos los órganos, instituciones administrativas, judiciales y legislativas, han de observar el Interés Superior de la Niñez, con la finalidad de que se garantice el derecho a recibir alimentos y, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables del menor ante la ley, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas, tal y como se señala en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El punto de acuerdo fue avalado por unanimidad y turnado al Pleno de la Comisión Permanente para su votación y eventual aprobación.
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