ptManuel Bartlett, senador del Partido del Trabajo (PT), criticó el Pacto por México al afirmar que anula la esencia del Congreso e impide la legitimidad real y la vigencia democrática.

Al dar a conocer el posicionamiento de su bancada en el inicio de sesiones del Congreso de la Unión, el legislador opinó que el Consejo Rector de ese Pacto «ha suplantado al Congreso con dictámenes prefabricados».

Asimismo criticó las reformas de telecomunicaciones, educativa y energética porque, a su decir, «eliminan los mandatos exclusivos del Estado y la propiedad nacional del subsuelo establecido en el Artículo 27 constitucional».

Bartlett Díaz consideró que la reforma energética que ha presentado el gobierno federal es una iniciativa «tramposa», cuyo único objetivo es eliminar de la Constitución los mandatos que establecen la exclusividad del Estado en el manejo del petróleo y la electricidad, indispensables para el desarrollo económico y social.

Se trata de un acuerdo evidentemente ligado a los intereses extranjeros que han luchado sin descanso por eliminar del Artículo 27 de la Constitución, la propiedad nacional del subsuelo y las reformas de Lázaro Cárdenas, «cuya figura histórica falsifican» para convertirlo en justificación de su ideología desnacionalizadora.

Asimismo denunció que esos intereses extranjeros pretenden borrar todo rastro de la Revolución Mexicana, que aborrecen desde el primer disparo por su carácter nacionalista y definitivamente social.

Al fijar la postura del Partido del Trabajo en torno al Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, indicó que la iniciativa energética de la actual administración «miente en todas sus afirmaciones, en su escuálida exposición de motivos que todo deja a las leyes secundarias».

El senador aseveró que «sus afirmaciones son falsas. De consumarse esa reforma constitucional, el Estado no mantendría la propiedad del petróleo ni ejercería la rectoría de la política petrolera y eléctrica».

Mencionó que todo se entrega no sólo por medio de «concesiones que desvergonzadamente afirman que se eliminan», sino también porque transfiere la propiedad del petróleo, mientras el propio gobierno negocia que esos contratos que propone sean considerados en Estados Unidos como generadores de derechos similares.

Manuel Bartlett consideró que la entrada de las grandes trasnacionales, compromiso esencial de Peña Nieto, son brazos imperiales, no empresas ordinarias dispuestas a competir.

«Lo que ocultan Peña Nieto y los defensores de ese despropósito es que al eliminar los principios constitucionales que establecen la exclusividad del Estado», eliminan una reserva en el Tratado de Libre COmercio de Norteamérica (TLC).

Ello «producirá de inmediato la integración de la energía al libre mercado, que establece el mismo acuerdo comercial, y una telaraña de tratados que permitirán explotar y exportar lo que quieran de nuestros recursos».

El legislador del Partido del Trabajo expuso que el gobierno federal opera con un «pacto» de viejas y nuevas alianzas que se cubren con una vestimenta de consenso, en un programa cuyos compromisos determinantes no son ciertamente progresistas.

«Su Consejo Rector ha suplantado al Congreso de la Unión. Sus iniciativas definidas en cenáculos cerrados de dirigentes partidistas, se aprueban mecánicamente en el Poder Legislativo, hoy oficialía de partes con dictámenes prefabricados que nadie lee en las sesiones en las que se impide sistemáticamente el debate».

Aseguró que el Pacto por México anula la esencia del Congreso e impide que la nación presencie la confrontación de ideas durante la creación de la ley que nos rige, con lo que se anula la legitimidad real, no la formal, así como la vigencia democrática.

Si a ese proceso adulterado se le suma el contubernio con los medios de comunicación hegemónicos con el poder presidencial, alertó, tenemos la concreción de una «auténtica dictadura mediática».

Así se aprueban reformas constitucionales intrascendentes y reformas profundas que alteran, sin debate, «el auténtico pacto, el pacto nacional que está en la Constitución de la República».

Ahí está, abundó el ex gobernador de Puebla, la reforma laboral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que amputa derechos de los trabajadores, en dirección contraria a nuestro avance histórico, y que asegura una competitividad que no existe más que para favorecer la concentración del ingreso.

De la reforma en telecomunicaciones advirtió sobre la apertura total de este instrumento de dominio trasnacional y regalo de 49 por ciento de la televisión, que será sin duda extranjera lo que acelerará la desnacionalización.

Ahora la llamada reforma educativa, sin serlo, no más que un injerto en el Artículo 3 constitucional, abundó.

«Ese artículo señero que ordena la educación para todos, una educación que sea de impulso obligado para integrar a una nación fracturada, en la independencia y en la justicia, no se compadece con esa incorporación de un estatuto laboral magisterial de excepción», dijo.

Ello «para una supuesta calidad educativa que el presidente repite como objetivo, que no existe en los textos que impulsa pero que confronta a todo el sistema, reduciendo la educación a una tecnocrática evaluación», abundó.

Dos motores impulsan esta apertura, acotó, la presión estadunidense y la corrupción de altos funcionarios que se preparan para participar en el festín del despojo de lo público por lo privado.

Bartlett Díaz advirtió que no se gobierna a una República imponiendo una y otra política que van contra los intereses sociales legítimos y los sentimientos auténticos de la nación.

En poco menos de un año del gobierno de Peña Nieto «se ha instaurado un sistema autoritario de derecha», que pervierte las instituciones de la República, un gobierno de supuesto pragmatismo antiideológico».

Sin embargo, «se ha definido en las palabras y en los hechos como instrumento de la más extrema ideología neoliberal», criticó Manuel Bartlett Díaz ante el pleno del Congreso de la Unión.