santanderLa iniciativa de reforma hacendaria del Ejecutivo Federal pretende modificar la estructura de los impuestos para hacerla más eficiente y elevar de manera significativa los ingresos tributarios del sector público, estimó el Grupo Financiero Santander.

La institución financiera apuntó que el 8 de septiembre próximo se espera la presentación del paquete económico para 2014, que incluye la iniciativa de presupuesto de egresos y la ley de ingresos, pero en esta ocasión además será acompañada por una propuesta de reforma fiscal.

Consideró que será necesario poner atención al entorno económico que sustentará las proyecciones presupuestales, aunque los aspectos relevantes estarán en los posibles cambios en la estructura de los ingresos públicos, que en su opinión, estarían apoyados en una nueva estructura de impuestos.

En cuanto al marco macroeconómico, agregó, es factible que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establezca un estimado de crecimiento en el rango de 3.0 a 4.0 por ciento para 2014, al tomar en cuenta las recientes estimaciones oficiales y de analistas.

Para el precio del petróleo, señaló que si se considera que las autoridades y el Congreso han sido cautelosos en cuanto a su determinación, proyectó que para fines del presupuesto público, es probable que se fije de mueva cuenta en 86 dólares por barril para 2014.

En cuanto al balance público, refirió que los analistas participantes en la encuesta de Banco de México estiman que en 2014 se fijará una meta de déficit equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el mismo nivel previsto para el cierre de este año.

Así, explicó, al excluir la inversión de Pemex, el presupuesto estaría en equilibrio (0.0 por ciento del Producto Interno Bruto PIB).

En un análisis, el grupo financiero destacó que el tema fundamental para las finanzas públicas y para la economía provendrá de la propuesta de reforma fiscal que tendrá como premisa reconocer que los ingresos públicos tienen una dependencia histórica de los recursos petroleros, lo que limita el margen de maniobra en el gasto presupuestal.

Además, señaló que la estructura fiscal actual no propicia un desarrollo suficiente y eficiente de la recaudación de impuestos, Indicó que entre 1990 y 1995 los ingresos petroleros representaron 27.5 por ciento del total de los recursos públicos, proporción que siguió en aumento en los siguientes años hasta alcanzar 34.6 por ciento del total en el periodo de 2006-2012.

Además, señaló que los ingresos tributarios no petroleros son insuficientes, pues de 2006 a 2012 éstos promediaron 9.7 por ciento del valor de la economía, lo que representa 1.6 puntos por arriba de lo observado en el periodo de 1990 a 1995.

En particular, expuso Santander, el Impuesto sobre la Renta (ISR) durante el lapso de 2006 a 2012 representó 5.0 por ciento del PIB contra 4.0 por ciento registrado de 1990 a 1995.

Mientras que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubica en 3.7 por ciento del PIB contra 2.5 por ciento en la primera mitad de la década de los 90.

En el caso de otros impuestos, refirió que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), representó 0.5 por ciento del PIB en el periodo de 1990 a 1995, en tanto que de 2006 a 2012 representó 0.4 por ciento del PIB.

Sin embargo, resaltó, las cifras del Sistema de Administración Tributaria (SAT) muestran un esfuerzo de fiscalización considerable en lo referente al número de contribuyentes activos.

El SAT refiere que en 2004 el total de los contribuyentes activos fue de 12 millones 330 mil, pero al cierre de 2012 el padrón registraba 38 millones 473 mil contribuyentes, comentó la institución financiera.

«El crecimiento del padrón de contribuyentes propició una mejora moderada en la recaudación, por lo que entonces la problemática central de la fiscalización se deriva de la estructura de los impuestos que al final resulta en resultados insuficientes», afirmó.

Precisó que habrá que esperar la propuesta de reforma hacendaria final del Ejecutivo para evaluar los impactos en las finanzas públicas, así como los eventuales efectos en la actividad económica y la inflación.