SESIÓN PERMANENTE ALDFDiputados panistas presentaron ante la ALDF una propuesta de Ley de Marchas que prevé para la Secretaría de Seguridad Pública local la obligación de mantener el orden en las movilizaciones, así como sanciones penales por daños a terceros y a la propiedad.

En entrevista, los diputados Gabriel Gómez del Campo y Priscila Vera indicaron que también se plantean multas de mil a mil 500 días de salario mínimo «a los organizadores y líderes» que realicen una marcha sin previa comunicación por escrito a la Secretaría de Gobierno local.

Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) aseguraron que presentaron la iniciativa «ante la inconformidad de miles de ciudadanos» afectados por marchas y plantones de las últimas semanas «y ante la total complacencia de las autoridades capitalinas».

Gómez del Campo consideró injusto que por esas movilizaciones «se pierdan muchos millones de pesos y calidad de vida de la gente que cumple con su deber de ir a trabajar, a la escuela, a citas médicas» viajes, entre otras actividades.

El diputado panista aclaró que esta iniciativa no pretende reprimir los derechos de los manifestantes sino establecer un orden, «para lograr una convivencia armonizada y evitar contratiempos» entre los ciudadanos.

En tanto, Vera Hernández explicó que la propuesta que entregaron hoy a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no es la primera que presenta su partido sobre ese tema, y de ser necesario impulsarán la realización de foros con especialistas.

Al respecto, el presidente del PAN en el Distrito Federal, Mauricio Tabe, consideró lamentable que incluso se utilicen las marchas como un mecanismo para «chantajes políticos».

Así, la iniciativa considera la obligación de la Secretaría de Gobierno de dar vista por escrito del aviso previsto en la ley planteada (con los detalles de la marcha), y que jefes delegacionales publiquen en internet un informe trimestral sobre las sanciones impuestas.

De igual manera, incluye la prohibición de realizar manifestaciones, marchas o plantones en los bienes considerados como patrimonio cultural, histórico o artístico, así como la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública de mantener el orden en las manifestaciones.

Además, propone que «los participantes, organizadores, promotores y representantes de las manifestaciones en las que se causen daños a terceros responderán por los daños a la propiedad y las lesiones que causen a otras personas, según lo dispuesto en el Código Penal para el Distrito Federal.