PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El presidente Enrique Peña Nieto parece no tener claro el problema de su gobierno. La Nación poco requiere que su gobierno asuma los costos de las decisiones que se toman. Lo que se demanda es que esas decisiones sean primero, acertadas y, después explicadas a la sociedad.

El primer mandatario se enfrentó a las muchas críticas que se han lanzado sobre la reforma fiscal. Y en un tono firme, destacó que los impuestos no son agradables, pero sí necesarios. Y habló de lo que ya todos conocemos, que en esta ocasión, las modificaciones tienen un carácter social innegable.

Pero el problema no es ese. Y contra todo lo que en el gobierno se pueda pensar, todas las acciones del gobierno tienen un impacto social. La idea, como la plantea el presidente, podría significar que hay decisiones que se toman en contra del interés de la propia sociedad.

Sin embargo, el gobierno parece no aceptar la idea de que la reforma fiscal requiere de una explicación mucho más a fondo de lo que se ha dicho. El carácter social lo tienen todas las medidas impositivas, ya que, guste o no, el dinero que se recauda tiene un objetivo de beneficio para la sociedad. Es así que se construyen hospitales, caminos y se brinda servicio social ¿o no?

Por otro lado, la sociedad no requiere de un gobierno que piense en función de la popularidad o el nivel de las encuestas. Lo que se quiere es que las acciones que se toman desde el poder, tengan una razón importante y un objetivo claro.

¿De qué serviría a los mexicanos que el presidente aceptara la responsabilidad de tal o cual decisión si a final de cuentas, la misma fue pobre en su efecto o abiertamente inefectiva?

Además, el presidente no es el que selecciona las responsabilidades que asume o las que puede dejar de lado. La ley es muy clara y establece la línea de responsabilidad sobre la que se desempeñan las autoridades.

Es cierto que los impuestos, por eso son impuestos, no le gustan a nadie. Y acabar con los privilegios es una medida que no puede ser impopular más que para aquellos a los que se les aplica.

De esta manera, ¿debido a qué el gobierno no aclara que privilegios se acaban, cómo fue que se lograron y por supuesto, quienes son los beneficiarios y lo que en pesos y centavos significa en contra del erario?

¿No sería esta una medida simple, legal y bastante transparente de alcanzar apoyo para medidas complejas? En este tipo de decisiones, el presidente no tiene más responsabilidad que la de hacer cumplir la ley. Y si ello es así, ¿cómo es que se presenta como culpable de una acción que a todas luces, tendría que ser precisamente lo contrario?

¿No resultaría de alto valor político, justo a la inversa de lo que dice el presidente, el que se pusiera a la vista de los mexicanos a todos aquellos que sienten que pueden protestar por la pérdida de privilegios que no tienen razón de ser? ¿No sería importante que el gobierno recibiera el apoyo de las mayorías en las determinaciones que en el discurso tienen como beneficiario a esas mayorías?

El gobierno no tiene clara la importancia de la comunicación real y no quiere entender que a base de frases sueltes difícilmente llegará a la meta.

Al mismo tiempo, no quiere ver que las frases sueltas, por bonitas y sonoras que sean, todo lo que se logra es un impacto instantáneo que se evapora con gran rapidez y sin dar resultados.

Por lo pronto, lo que se logró ya es que a todo mundo le quede claro que el presidente asume los costos de las decisiones, algo que es su obligación, justo cuando la sociedad lo que le pide son resultados y claridad en los proyectos.