trabajo domesticoRicardo Bucio Mújica, presidente del Conapred, consideró que en México existen condiciones para la ratificación del Convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores del hogar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ante ello, el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) sostuvo que el tema no debería ser si sí o no se ratifica dicho documento, sino cuándo y cómo a partir de ello se harán las modificaciones a las políticas públicas.

Al participar en la mesa de diálogo para el impulso de la Ratificación del Convenio 189 sobre Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la OIT, en el Senado, dijo que es la primera vez que existe un tratado vinculante a nivel internacional que se refiere específicamente sobre trabajadoras y trabajadores domésticos.

Explicó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha establecido a estos como el eje rector de la legislación, la política y del orden social mexicano, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado el rango constitucional de los tratados internacionales que en la materia que ha revalidado el país.

«Hemos reconocido la competencia de órganos de tratados, lo que genera un compromiso con las obligaciones y recomendaciones a partir del análisis del cumplimiento que nuestro país hace y de las ausencias que tiene», refirió.

Bucio Mújica dijo además que la reforma a la Ley Federal del Trabajo ha prohibido toda forma de discriminación en la materia, a través de una cláusula antidiscriminatoria.

Asimismo, expuso que desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció que México tiene que ser una sociedad de derechos, donde todas las personas puedan ejercer los derechos reconocidos en la ley.

Por ello, subrayó que «México tiene que modificar el marco legal en relación al trabajo, las prestaciones, a los derechos laborales, a la seguridad social de quienes hacen el trabajo doméstico remunerado».

Aunque se tiene la certeza legal, jurídica y también un plan de gobierno en lo político que apuntan a la misma dirección, lamentó que en el país la realidad cultural vaya todavía a contrasentido.

En el caso del reconocimiento de los derechos a las y los trabajadores domésticos, ejemplificó, «la discriminación es legal, institucional, cultural y con la suma de ellos es una discriminación estructural» que viven 2.2 millones de personas en el país.

«No hemos eliminado las barreras culturales, pero afortunadamente las decisiones públicas, legislativas, de política pública no se toman a partir de criterios culturales de la sociedad», indicó.