La estructura y redacción de la actual Ley Minera es la negación y
violación conceptual y práctica del estado de derecho, y del ejercicio
de
los derechos constitucionales de la mayoría de los ciudadanos mexicanos,
aseguró el senador Alejandro Encinas Rodríguez, al presentar una
iniciativa
ciudadana de nueva Ley Minera.
A nombre de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT, así como de la
senadora Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, el legislador
mexiquense
abundó que los artículos de la Constitución que protegen la propiedad
de la
tierra, el agua y los recursos naturales, así como la soberanía de la
nación y su régimen democrático, están por encima de cualquier ley
secundaria, como la actual Ley Minera que contraviene a numerosas
disposiciones de la Carta Magna.
Señaló que en este proyecto de ley la actividad minera deja de ser
preferente por encima de otras actividades, por el contrario esta
condición
se traslada a la agricultura. Se establece la participación vinculante
de
la población sobre toda decisión para otorgar una concesión, a través
de un
procedimiento de consulta para obtener el consentimiento, vinculante,
previo, libre, informado y culturalmente adecuado.
“Se establece todo un capítulo sobre derechos de poblaciones
indígenas al
goce preferencial del territorio y recursos naturales, frente a
actividades
mineras”, abundó el senador Alejandro Encinas durante su exposición
de
motivos.
Con la aprobación de esta nueva Ley Minera se establecerían regímenes
diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.
Además se fortalecerá el sistema de inspecciones durante la operación
de
las compañías mineras.
Enfatizó que es urgente “meter en cintura o regular la actividad
minera del
país, en especial la conocida como megaminería”, ya que actualmente
el 30%
del territorio nacional está concesionado para este propósito.
Indicó que existen 850 proyectos mineros registrados en el país, en
manos
de 285 empresas, la mayoría canadienses, que prácticamente no pagan
regalías sobre los recursos de la nación.
Entre 2005 y 2010, las transnacionales mineras pagaron a México sólo un
equivalente al 1.18% de los recursos obtenidos del territorio nacional,
mientras que estas compañías extrajeron recursos minerales por más de
552
mil millones de pesos, pero sólo pagaron al país «derechos» por 6 mil
500
millones, dijo Encinas Rodríguez.
Por otro lado, abundó, tampoco las multimillonarias ganancias se
reflejan
en los ingresos de los trabajadores del sector, sus condiciones de
trabajo
o el respeto a sus derechos laborales.
Según datos de la Federación Internacional de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas, los mineros en México reciben salarios muy por
debajo de lo que perciben en otras naciones; mientras que en los países
mejor pagados se alcanzan salarios de hasta 18 dólares por hora, en el
país
el promedio es de dos dólares por hora.
Asimismo, existen múltiples casos de abuso, incumplimiento de sus
derechos
y condiciones laborales que nos hacen pensar en momentos coloniales de
esclavitud, señaló el Senador del PRD.
Finalmente, denunció que la mayoría de los proyectos mineros son de
tajo a
cielo abierto, mismos que utilizan enormes cantidades de productos
químicos
contaminantes, y que el daño que provoca es irreversible y permanente;
el
impacto sobre mantos freáticos y fuentes de agua es devastador, no sólo
por
la sobreexplotación sino también por su contaminación con metales
pesados,
provocando enfermedades crónicas degenerativas que llevan a la muerte.
“La pérdida de biodiversidad también es irreversible, así como la
modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos”, dijo.
En la elaboración de esta Propuesta de Ley Minera participaron diversos
movimientos anti gran minería tóxica, como: la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero; el Frente Amplio Opositor a
la
Minera San Xavier; la Asamblea Veracruzana y Defensa Ambiental; los
habitantes de San José del Progreso de los Valles Centrales de Oaxaca;
los
habitantes de Capulalpan, Oaxaca; los habitantes de Morelos agrupados en
el
Movimiento Morelense en Contra las concesiones Mineras de Metales
Preciosos; pobladores de la Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán; los
representantes de diversos movimientos en contra de la mega minería
tóxica
de Baja California Sur tales como Medio Ambiente y Sociedad, Agua vale
más
que oro; los Barzonistas de Chihuahua; representantes de Tetela Hacia el
Futuro, de Puebla, así como diversos movimientos de Colima, Guerrero y
Chiapas.
La iniciativa fue turnada para su dictaminación a las comisiones unidas
de
Comercio y Fomento Industrial y la de Estudios Legislativos.

