PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, marcó ayer, con toda precisión, la línea para el colapso de los estados. La responsabilidad que cubrirá a los gobernadores y la tranquilidad con la que el gobierno federal demandará la aplicación de la ley en contra de los maestros disidentes. Todo, por supuesto, desde la comodidad de un despacho en el que se planearon las reformas y se evadieron las responsabilidades.

El titulad de Educación se presentó ayer ante comisiones en la Cámara de Diputados. Y como es costumbre con el funcionario, las respuestas que ofreció llegaron cargadas de soberbia, de demostraciones de benevolencia y claro está, de autoridad.

Así, no tuvo problema alguno para establecer que la responsabilidad de aplicar la ley a los maestros que no se sometan a la llamada reforma educativa, corresponde a las autoridades educativas en los estados. Esto es, a los gobernadores

Y no deja de llamar la atención este hecho, ya que el señor Chuayffet fue gobernador, Poco tiempo, pero lo fue. Lo mismo que el titular de Gobernación, Miguel Osorio o el propio presidente, Enrique Peña Nieto.

Pero para la SEP, el problema ya no tiene razón de ser. Y la solución queda en manos de unos gobernadores que no fueron consultados al momento de la elaboración de la reforma, pero que tendrán que cargar con la parte violenta de la aplicación de la nueva ley.

Esto, como es sencillo entender, sucedía justo en el momento en que la CNTE demostraba, de nueva cuenta, que no ha sido totalmente vencida y que está dispuesta a seguir adelante en una lucha que, según el titular de la SEP, tiene que responderse, en los estados y con la simple, automática e inevitable aplicación de la ley a la que se oponen los maestros.

Pero el Secretario de Educación Pública fue algo más allá. En el problema con la CNTE no pudo ser más claro. Con la Secretaría a su cargo, no hay relación alguna. La Confederación negocia con la

Secretaría de Gobernación. Educación Pública solo tiene como interlocutor, al SNTE.

En otras palabras, a la Secretaría de Educación Pública no le toca nada del problema. La reforma tiene que se aplicada por los gobernadores, guste o no a los maestros. Y con los grupos disidentes, es Gobernación la que tiene que entenderse, haya o no condiciones para ello.

La SEP tiene muchas otras ocupaciones. En este conflicto, queda claro que las respuestas están fuera de su esfera de responsabilidades.

Claro está, a los gobernadores les toca la parte complicada de la aplicación de la ley de Servicio Profesional Docente. Son los mandatarios estatales quienes tendrán que alterar el equilibrio político mediante el cual ejercen sus funciones. Deberán eliminar alianzas y compromisos políticos. Y además, tendrán que despedir maestros, realizar evaluaciones y alcanzar la calidad educativa que tanto requiere el país.

En tanto, las autoridades educativas estarán pendientes de que todo marche bien. Y al momento en que algo se atore, saldrán ante la opinión pública a explicarnos quién tenía que hacer qué cosa y quién debe aplicar la ley para que todo marche adecuadamente.

En realidad, el problema de la reforma educativa está lejos de tener solución. Las dos negociaciones que se han realizado de manera evidente, terminaron, la primera, con la realización de la entrega del I Informe presidencial al Congreso y el discurso del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, y la segunda, con el “desalojo” en el Zócalo para permitir la ceremonia del “Grito” y el Desfile del día siguiente.

Pero lo que en realidad se ha logrado, es que en buena parte del país, los maestros, SNTE o CNTE, se declaren en rebeldía, rompan alianzas con los gobernadores respectivos y se preparan para unirse a la batalla política provocada por la reforma energética, justo antes del 45 aniversario de los hechos del 2 de octubre.