Por: Abel Luna
LAS RELACIONES COMERCIALES y de beneficio político compartido entre los poderes constituidos y los empresarios de los grandes emporios televisivos representarán en el corto plazo otra de las grandes batallas legislativas en el Congreso de la Unión. Mientras Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, o Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, no vean reducidos sus ingresos por las campañas electorales (y ello sin excluir el debatible 12.5 por ciento que les ratificó el expresidente Vicente Fox Quesada) seguirán contentos con la Federación, porque ello también lo han usufructado en beneficios de sus cuentas bancarias, siendo que, en otras palabras, hasta ahora se les ha dado manga ancha para incidir en asuntos políticos sin ninguna reticencia.
Los acuerdos reales y prácticos son negociados en privado, sin los ojos públicos o las miradas interrogativas de los medios de comunicación
Por ello cualquier acción o decisión presidencial o de su gabinete son difundidos rápidamente, y eso sin considerar que Televisa ha adoptado desde hace varios años el literal bombardeo de noticias repetidas en todos sus espacios.
Estos temas forman parte de la agenda legislativa en torno a la llamada Ley de Telecomunicaciones, que con todo y sus cuestionamientos parece quedar soslayada ante la urgencia de otros debates como los casos del área financiera o hacendaria y la energética, cuyo debate en este último caso apenas empieza a darse; como ocurre en estos días en el Senado de la República.
EN CONSECUENCIA, PARA muchos investigadores y observadores de la realidad nacional México vive dominado por la cleptocracia, que consiste, en la definición de Andreski Stanislav, en las acciones de un funcionario o gobernante de alto nivel cuyo objeto principal es el enriquecimiento personal y que detenta el poder de realizar este objetivo mientras esté en el cargo público.
¿Cuántas personas conoce usted en esta situación? porque a pesar de que se siga insistiendo, una y otra vez, en que el elevado nivel de corrupción en muchas áreas del país está siendo combatido cotidianamante la terca realidad nos dice todo lo contrarrio. Y allí, como mencioné en el anterior Rompecabezas, están las negligencias descubiertas en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) con los recientes huracanes «Ingrid» y «Manuel» ocasionando el surgimiento de miles de damnificados en 21 estados de la República.
EL DIPUTADO CARLOS Reyes Gámiz, informó en este sentido que pronto presentará denuncias penales en contra de funcionarios federales por omisión en sus responsabilidades antes de los fenómenos naturales mencionados. “El gobierno federal se vio inoperante al no lanzar a tiempo las alertas ante Ingrid y Manuel y sus devastadoras consecuencias.
Sus funcionarios encargados de la prevención de desastres pudieron haber incurrido en negligencia criminal, al no evitar, por ejemplo, que miles de turistas arribaran a Acapulco, sobre todo porque se presentaban el puente del 15 y 16 de septiembre. Tampoco hicieron lo propio para establecer albergues o desalojar poblados amenazados por la crecida de los ríos y el reblandecimiento de la tierra”, dijo el diputado por Iztacalco.
Inclusive, responsabiliza, en primera instancia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el primer implicado en esta situación de crisis, los de Comunicaciones y Transportes –por los daños en carreteras–, Hacienda y Crédito Púbico –por la aplicación de recursos económicos– y de Desarrollo Social –por las condiciones de pobreza y marginación–, entre otros encargados de despacho del gobierno federal.
La corrupción y la pobreza multiplicaron los daños de «Ingrid» y «Manuel» porque las advertencias sobre las fallas en la Autopista del Sol, desde su origen en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, no fueron atendidas y mucha gente que fue a vacacionar a Acapulco quedó varada, con el consecuente daño para los turistas. Asimismo, se han permitido las construcciones en zonas de alto riesgo, sobre todo de gente de escasos o nulos recursos, que se ven obligadas a habitar en laderas de ríos o faldas de los cerros”.
Reyes Gamiz precisó que ahora sigue la reconstrucción de varios poblados del país con recursos del Fondo de Desastres Naturales –Fonden, dependiente de la Secretaría de Gobernación–, y su director José María Tapia Franco no tiene la autoridad moral para enfrentar esta tarea, luego de que, de acuerdo con versiones periodísticas, “estuvo de viernes (13) a domingo (15) en Las Vegas, Nevada”, junto con “Canek Vázquez Góngora, subprocurador de Auditoría Ambiental”, quien “jugó manos, o pases, de 20 mil dólares”.
“Esta situación debe ser investigada, porque es evidente que para Tapia Franco fue más importante estar en Las Vegas, quizá apoyando al boxeador Saúl «Canelo» Álvarez en su pelea contra Floyd Mayweather Jr, que atender la emergencia que se presentaba. El director de Fonden también debe aclarar, junto con Vázquez Góngora, el origen de esos 20 mil dólares –aproximadamente 260 mil pesos– que jugó en ese lugar, no vaya a ser que ese dinero sea del propio fondo”, dijo el secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. “Los millones de pesos que gasta el gobierno de Enrique Peña Nieto en promocionar, por ejemplo, su propuesta de Reforma Energética, deben utilizarse en el rescate y reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias”.

