La diputada federal Martha Lucía Mícher Camarena deploró la violenta, discriminatoria e irresponsable actitud de autoridades gubernamentales, ministeriales y judiciales de Guanajuato contra las mujeres en cuanto a impartición de justicia y les demandó sujetarse a los mandamientos constitucionales y tratados internacionales para hacer valer el respeto a sus derechos humanos.
Señaló que una de las últimas actuaciones nocivas de dichas autoridades fue en el caso de María de la Luz Salcedo Palacios, afectuosamente conocida como Lucero, a quien golpeó un supuesto amigo por negarse a tener relaciones sexuales, y a quien revictimizaron y pusieron en peligro al dejar que el agresor fuera procesado en libertad.
Esto último fue responsabilidad de la juez Paulina Iraís Medina, pero también el Ministerio Público procedió irresponsablemente al integrar deficientemente la averiguación previa, lo que Mícher Camarena no considera extraño, pues el mismo Gobierno de Guanajuato desacata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y actúa con desprecio hacia ellas.
De acuerdo con el artículo 49 de dicho ordenamiento, gobiernos estatales como el de Guanajuato tiene la responsabilidad de especializar a agentes del Ministerio Público, peritos y personal que atiende a víctimas en derechos humanos y género; perspectiva de género ante casos de discriminación, violencia y feminicidio, y eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres.
El caso de María de la Luz –dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados- es la gota que derrama el vaso y hace insostenible la actitud omisa y de desprecio hacia las mujeres por parte del Gobierno de dicha entidad al negarse a armonizar su marco jurídico con la Constitución, la Ley sobre una vida libre de violencia y la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Consideró preocupante la resistencia caprichosa e irresponsable del gobierno de Guanajuato a desarrollar una política pública que garantice efectivamente el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues ha tenido consecuencias incluso fatales en la vida de ellas, como lo prueba el incremento de feminicidios, de presas por aborto y la impunidad.
Dicha actitud –agregó la parlamentaria- va en dirección contraria a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las políticas internacionales, y coloca a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo inminente de sufrir violencia extrema.
La recordó a las autoridades guanajuatenses, en particular a la juez Paulina Iraís Medina, que la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer recomendó en 2012 al Estado Mexicano y, por tanto, a los gobiernos estatales, “adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer”.
En consecuencia, juzgar con perspectiva de género no es opcional ni, mucho menos, sujeto a la idiosincrasia de los operadores de la Ley, sino una obligación para garantizar a las mujeres su pleno derecho al acceso a la justicia, tal como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su protocolo al respecto.
Finalmente, convocó a las autoridades guanajuatenses a subsanar sus omisiones y errores derivados de su propia violencia institucional en contra de las mujeres, así como a frenar sus prácticas discriminatorias que impiden a ellas el acceso a la justicia.
Por tanto, deben adoptar la perspectiva de género y de derechos humanos en el desarrollo de un marco jurídico y de una verdadera política pública que prevenga, atienda y erradique la violencia contra las mujeres, que tanto ha lastimado a la población guanajuatense.
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