fertilizacionLa directora jurídica de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Lourdes Motta, urgió al Congreso de la Unión a reformar la Ley General de Salud para regular las clínicas de reproducción asistida para evitar un «mercado negro» y la trata de mujeres con ese fin.

Al participar en el panel «El desarrollo de tecnologías reproductivas y su impacto en lo legal», en el III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, reconoció que en la última década ha habido un importante desarrollo de estos métodos.

Señaló que en México hay aproximadamente 80 clínicas de este giro, y algunas de ellas cumplen con estándares internacionales, pero otras son de dudosa reputación y no sé sabe cómo ni para quién trabajan.

En 2012 se realizaron 82 mil procedimientos de reproducción asistida, y se ha detectado que algunas mujeres han sido obligadas a prestar su vientre para procrear hijos de parejas que no pueden hacerlo.

«No sabemos qué tanto están jugando con el anhelo de las personas de ser padres, pero tampoco sabemos en qué clase de cuestiones ilícitas están incurriendo», expuso.

Por ejemplo, añadió, «a una mujer se le pueden extraer óvulos para ser fertilizados y la pregunta es si le están informando realmente cuántos le extraen, qué hacen con los demás que no se implantan».

«Puede haber un mercado negro y también no hay que perder de vista que en la trata de personas hay una rama dedicada al mercado de madres subrogadas, principalmente de mujeres indígenas», detalló.

Lourdes Motta indicó que tres de cada 10 parejas son infértiles, y los avances tecnológicos como la fertilización in vitro, la maternidad subrogada, el procesamiento de semen e incluso una futura procreación póstuma, deben ser utilizados con un alto sentido ético.

Por su parte, la profesora ayudante de la Universidad Dalhousle, Joanna Erdman, lamentó que en algunas regiones del mundo a pesar de los avances para detectar a tiempo casos de anencefalia o de otras malformaciones graves, no se permita a las mujeres tomar decisiones.

Agregó que la relación entre la tecnología para la reproducción asistida y los derechos humanos, entre ellos los reproductivos, están estrechamente ligados, pero desgraciadamente no siempre van en un mismo sentido.