PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Cuando ni siquiera se acaban de contabilizar los daños causados por los huracanes que azotaron al país hace unas semanas, cuando entramos de lleno en una nueva alarma. Pero las diferencias entre ambos momentos son evidentes. Y las interrogantes sin respuesta, muchas.

Ante la aparición de “Raymundo”, la estructura oficial no sólo parece haber reaccionado con rapidez, sino que se ha preocupado y ocupado por que se sepa que lo ha hecho, y por dar seguimiento a los eventos. Cosa que en la ocasión anterior no se dio.

En esta ocasión, las autoridades han puesto en claro su participación. Y todos los niveles de gobierno en todos los casos, han dejado ver su atención al problema. Y se han tomado las precauciones del caso, llegando las decisiones, incluso, al desalojo de alguna población.

Y esto en realidad, no debería tener nada de especial. Tendría que ser lo normal para este tipo de emergencias. Pero resulta ser que es llamativo por la simple y sencilla razón de que ante los fenómenos de mediados del mes pasado, el aparato encargado de la atención a desastres y la estructura oficial del ramo simplemente aparecieron demasiado tarde. Y ello en el caso de que se hicieron presentes.

Así, lo que ahora sucede simplemente ratifica el hecho de que en septiembre, las cosas no funcionaron. Y todo mundo elude la responsabilidad y busca, en “la oficina de enfrente” las culpas que nadie asume.

Y ello es importante por el hecho de que, comprobada la capacidad para prevenir, aún cuando sea sólo en parte, un fenómenos natural, queda entonces por resolver el dilema sobre lo que sucedió hace un mes. Dicho de otra manera, hay que aclarar qué fue lo que paralizó o impidió que las autoridades trabajaran de manera adecuada en la protección de los ciudadanos.

En estos momentos, mucho de habla de la corrupción, especialmente en Acapulco, que llevó a que el desastre fuera mayor de lo que debería haber sido. Se lanzas acusaciones nada veladas sobre la actuación de gobernadores y alcaldes en Guerrero y Acapulco. Y por supuesto, ese asunto tiene que

llegar a las últimas consecuencias. Pero no es posible pensar que con ello, se resolverá la otra parte del problema.

Y esa “otra parte” tiene que ver con el “qué pasó” con las autoridades ante los huracanes de septiembre.

Nadie quiere aceptar que la información sobre los riesgos de ambos huracanes se tenía al alcance de la mano. Nadie quiere reconocer que se respondió con lentitud y hasta con negligencia. No se reconoce que, los avisos que se emitieron, en el mejor de los casos, estaban destinados a no lograr nada por la falta de fuerza en los mismos y por la absoluta ausencia de seguimiento a las alertas.

Por supuesto, aclarar todo lo relacionado con las construcciones irregulares, con los permisos otorgados y con la evidente corrupción en todo este asunto es importante. Y tiene que realizarse si en realidad el gobierno federal quiere conquistar la confianza de los ciudadanos.

Pero al mismo tiempo, resulta más que evidente que difícilmente se podrá dar crédito a una acción de esa naturaleza, si no se llega al fondo de las razones que llevaron a las estructuras oficiales a dar una respuesta tan mala y tan lenta, a un problema tan serio como el registrado en septiembre pasado.

Las acciones asumidas ahora ante la presencia de “Raymundo” y la rapidez con la que todos quieren actuar, deja ver que hay posibilidades de hacer frente, aún cuando pueda ser de manera limitada, a retos de esta magnitud.

Así, si en esta ocasión hubo una acción efectiva, ¿debido a qué en septiembre no? Y la respuesta no puede ser otra que fallas humanas. Y por ello, habrá que aclarar los niveles en que esas fallas se registraron y tomar las medidas del caso.

De otra manera, se tendrá, otra vez, un caso de justicia selectiva. Y las consecuencias ya las conocemos.