magistradosPresidentes de Tribunales Electorales de los estados se opusieron a la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) pues consideraron que su operación podría colapsar al actual sistema electoral mexicano.

El magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua, José Miguel Salcido Romero, quien preside la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, puntualizó que los expertos, académicos, ex presidentes del IFE y consejeros electorales locales y federales se han opuesto a esa propuesta.

Señaló que lo expuesto en diversos foros y paneles donde han participado piezas importantes en la construcción de la democracia en el país ha sido abrumadoramente a favor del sostenimiento del Sistema Nacional Electoral como se plantea actualmente en la Federación.

Este martes, 25 de 31 magistrados electorales de igual número de entidades federativas expusieron sus argumentos, propuestas y opiniones sobre la reforma político-electoral ante los senadores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado y Estudios Legislativos Segunda.

En ese espacio los magistrados dejaron en claro que el objetivo a perseguir en la reforma es el fortalecimiento de los órganos electorales tanto jurídicos como administrativos, con respeto a su autonomía y el fortalecimiento de presupuestos.

Salcido Romero citó los argumentos que se han vertido para justificar la creación del INE y centralizar la justicia electoral, como es el tema del costo económico, aunque en ningún foro se ha presentado un ejercicio financiero que justifique la reforma.

«Por el contrario, quienes defendemos el actual sistema hemos planteado números que señalan con claridad que la operación de los órganos electorales locales, a pesar de que resuelven 10 veces más elecciones que el órgano federal, resulta la cuarta parte en cuanto a costo», agregó.

Apuntó que otro argumento que no se sostiene es la intromisión de gobiernos locales y poderes fácticos en los órganos electorales de los estados y coptan la voluntad de sus integrantes.

Señaló que ese argumento se destruye por sí solo con las recientes elecciones de julio en 14 estados, «se resolvieron en sede local, se presentaron algunas impugnaciones de problemas serios, y finamente se resolvieron y hoy estamos en paz y no se cuestiona ni uno solo de los resultados».

El magistrado Salcido Romero subrayó que el nivel de efectividad de los tribunales es de 95 por ciento de las resoluciones firmes y confirmadas.

Planteó que por ello «no podemos hablar de coptación porque tendríamos que hacer un ejercicio extralógico y muy peligroso para señalar que esa coptación tendría que llegar a los órganos terminales y de control constitucional, que nadie en su sano juicio podría sostener».

En su oportunidad el presidente magistrado del Distrito Federal, Alejandro Delint, refirió que la propuesta de reforma política electoral descansa en un documento de carácter político llamado Pacto por México.

Explicó que si bien desde el punto de vista político es muy respetable, no necesariamente al traducirse en iniciativas, hay viabilidad técnico jurídica para plasmarse, porque aunque es válido introducir ideas en documentos políticos, lo que no resulta tan válido es traducir esas ideas que sirven para negociaciones políticas y llevarlas campo de modificaciones legales.

Delint expuso que la autonomía de los órganos electorales ha costado mucho trabajo y que la historia de México reciente está basada en esa autonomía, que ha generado equilibrio en el Estados, porque los órganos autónomos son los pesos y contrapesos, y fundamentales en materia electoral en los estados.

Por el Tribunal de Morelos hizo uso de la palabra el magistrado Hertino Áviles Albavera, quien expuso que derogar un tribunal cuya decisión política fundamental corresponde a los estados, en el fondo es atentar a una decisión política planteada en el texto constitucional.

Señaló que ese aspecto centralizador podría recordar la época de 1836 cuando se tenía un supremo poder conservador, por lo que en su opinión también representa un atentado respecto al principio de supremacía constitucional.

En su oportunidad el magistrado electoral del Tribunal de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, apuntó que los tribunales locales «tienen trabajo todos los días, no sólo funcionan en las elecciones presidenciales cada seis años, ni tampoco cada tres años».

Apuntó que escuchar y atender los derechos ciudadanos despresuriza y evita conflictos sociales que en ocasiones se tornan violentos.
Finalmente, propuso dar presupuestos autónomos a los organismos electorales para evitar la injerencia de los poderes fácticos y de los gobernadores.

De igual forma homologar los salarios de los magistrados, al señalar que entre estados hay diferencias de hasta 300 por ciento, es decir encontrar mecanismos para fortalecer y homogenizar los organismos electorales en los estados.