Por Norberto DE AQUINONorberto de Aquino

El presidente Enrique Peña Nieto indultó ayer al maestro tzotzil Alberto Patishtan. Y con ello, se dio libertad a un inocente y se puso de manifiesto, de nueva cuenta, la terrible realidad de la justicia en nuestro país.

El profesor Patishtan pasó trece años en prisión, acusado y lo que es más grave, considerado culpable, de un crimen que no cometió. Y ahora, en base a un indulto, se le pone en libertad. Se reconoce el error y se aplica una solución a medias.

La libertad por indulto pone en libertad a un acusado. Pero no resuelve el problema de la injusticia, de la corrupción e incapacidad de las autoridades que lo enjuiciaron y condenaron y refleja, con toda claridad, el tamaño de la descomposición que enfrentan los mexicanos en el terreno de la aplicación de la justicia.

El presidente Peña Nieto tomó una decisión importante. Y aprovechó las recientes decisiones legislativas para hacer frente a una terrible falla del aparato de justicia. Pero esa decisión permite que esa estructura se mantenga intacta. Esto es, que sea aún, una amenaza para los mexicanos.

En un plazo verdaderamente corto, el país ha visto ejemplos claros de lo que la justicia en México puede significar. Lo mismo en el caso de la francesa Florence Cassez, que en el caso de Caro Quintero. Las decisiones de los jueces son verdaderamente dramáticas. Y las investigaciones, de alguna manera habrá que llamarlas, patéticas.

Todo el aparato dedicado a la aplicación de la justicia deja mucho que desear. En el caso del Distrito Federal, como gran ejemplo, tenemos ejemplos inolvidables, como el asesinato del nieto de Malcolm X en Garibaldi, o con la participación de agentes de la policía capitalina en el secuestro y asesinato de los jóvenes de Tepito, o finalmente, en el caso aún sin aclarar, de los policías que secuestraron a un ciudadano colombiano, del que ya no se supo nada más.

Y ello es norma en el país.

Así, el indulto concedido por el presidente Peña Nieto, con todo lo positivo que pueda tener, no es solo insuficiente, sino que parece más el reconocimiento de un problema gigantesco que de no solucionarse, podría significar algo más que un dolor de cabeza para el país.

Las primeras preguntas tendrían que dirigirse a la forma en que se actuará en contra de quienes acusaron y condenaron a Patishtan. Pero sólo como primera parte. Los casos se multiplican en todo el país. Y lo que es peor, cuando la corrupción e incapacidad se ponen de manifiesto, jueces, policías y demás autoridades se unen para atacar a quienes se atreven a poner en claro el problema, como sucede con quienes realizaron “Presunto Culpable”. Y en ese terreno aún hace falta la decisión del gobierno federal.

El indulto debe ser reconocido. Pero los trece años transcurridos en prisión no son algo que pueda o deba dejarse de lado. El liberado alega no tener rencores. Pero es claro que el daño no es sólo a su persona y familia. Es un ataque abierto a toda la sociedad. Y como tal debe ser tratado.

El problema de la justicia en nuestro país es muy serio. Y un indulto no es más que la forma de poner a la vista la magnitud del reto que se enfrenta.

Así, es de esperarse que, ya con el indultado en libertad, el gobierno federal de los pasos siguientes que no pueden ser otros que los de una verdadera reestructuración de todo lo que es la justicia en México.

Y para ello se requerirá de tiempo y dinero. Mucho dinero. Pero más que nada y por sobre todas las cosas, determinación. Determinación que, por supuesto, va mucho más allá de un indulto, por importante y llamativo que pueda ser.