PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La lucha ha sido evidente. Y más allá de lo que se ve en las calles, las presiones ejercidas sobre el gobierno a causa de la reforma fiscal son tan claras, como la voluntad oficial de llegar al fondo del proyecto, prácticamente sin importar los costos políticos.

El gobierno enfrenta por supuesto, el costo de la reforma. El PAN gana con las decisiones. Y la ciudadanía se queda al margen de todo el debate y sin la información real y de fondo que le permita, con autoridad, asumir una posición verdaderamente efectiva en este tema.

El gobierno no tiene reparo alguno en mantener la iniciativa. Se guarda muy bien, todo el tema de las leyes secundarias, que serán las que marquen finalmente, hasta dónde y cómo se realizará la apertura de la energía a los capitales, lo mismo nacionales que extranjeros.

Pero los cálculos del gobierno no se corresponden con la realidad. Al menos no en lo que tiene que ver con lo que se relaciona con la ética política y el respeto a la información.

El gobierno no ha explicado en ningún momento, ni lo hará nunca, el contenido de su relación con el PAN en el caso de la reforma energética. Ello a pesar de que para todo mundo resulta más que obvio que los panistas han sido “consentidos” del gobierno a lo largo del primer año del régimen de Enrique Peña Nieto.

No han comentado nada sobre las alianzas ni se han acercado siquiera a explicar el contenido de lo que serán las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales que se debatan en el Congreso. Del mismo modo, se ha mantenido un riguroso silencio sobre las presiones que desde diversos sectores, más allá de los partidos, han desatado una más que evidente ola de presiones sobre las modificaciones en energía.

No se ha tocado en lo absoluto, el motivo que llevó al presidente a explicar, en Europa, las reformas ni a explicar el por qué se anunció allá el contenido de la primera parte del proyecto, cuando en nuestro país todo lo que se tenía no pasaba del campo de los rumores.

El gobierno ha perdido una enorme cantidad de puntos en lo que se refiere al apoyo popular. Las encuestas dejan ver una caída seria en la popularidad y respaldo social del gobierno y el presidente. Y con esa pérdida de capital y con el respaldo de una dirigencia panista que no tiene la representatividad necesaria, la respetabilidad y legitimidad del proyecto parecerían no tener el soporte suficiente.

Es más, el gobierno tenía claro su proyecto. Y los tiempos para ponerlo en marcha. Pero se negó a publicitarlo para que formara parte de los debates electorales de julio pasado, cuando se renovaron unas 15 legislaturas locales, justo el terreno en donde las reformas constitucionales tendrán que ser confirmadas.

Dicho de otra manera, el gobierno fue a esas elecciones sin que la ciudadanía conociera el proyecto de fondo, lo que bien podría entenderse como un ocultamiento de información que ayudó al PRI a ganar esas elecciones.

Del mismo modo, al no explicar el contenido de las leyes reglamentarias, el gobierno no permite que la ciudadanía sepa bien a bien, qué es lo que se pretende con la reforma ni el alcance que realmente habrá de tener.

Finalmente, si uno puede interpretar las imágenes de los últimos días, se verá que el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, brindó un trato especial y diferenciado a Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero.

Y con ello, se acaba primero, el mito del combate a la corrupción. Después, se elimina la idea de que la reforma tiene como uno de sus objetivos acabar con los cotos de poder en PEMEX. Y finalmente, que discursos aparte, lo que está a la vista es que, con los cambios, muchos mantendrán sus privilegios. Y muchos que esperaban u cambio real y de fondo, tendrán que entender que la realidad, nada tiene que ver con las promesas.