PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La reacción internacional ha sido clara. Y por supuesto, de rechazo a las decisiones oficiales en México. La idea de negociar con las llamadas autodefensas en Guerrero y en Michoacán fue muy mal vista. Y pudiera ser que las alertas lanzadas por Estados Unidos y Canadá a sus ciudadanos para que no viajen a nuestro país sea parte del problema. Esto es, un aviso. O si se quiere, una advertencia.

Para nadie es un secreto que el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió poner un alto a las acciones y decisiones estadounidenses en México en materia de combate al narcotráfico. El gobierno de Felipe Calderón les había dado mucho poder.

Fue en los momentos en que esa decisión mexicana se ponía en marcha, cuando nuestros vecinos al norte mostraron enojo y preocupación. La idea de acuerdos oficiales con grupos de narcotraficantes no les resultaba nada agradable.

Sin embargo, las cosas caminaron más o menos bien hasta que en Guerrero aparecieron los primeros grupos armados denominados como de autodefensa. Y el problema se desbordó en el momento en el que el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, decidió no sólo no combatir este fenómeno, sino que le dio su bendición y con un discurso aún sin justificación, les brindó justificación legal.

No es necesario ser un experto para entender que los grupos de inteligencia de buena parte del país deben haber puesto en alerta mucho de su accionar ante esta noticia. En Guerrero había que analizar la posibilidad de narcotráfico y guerrilla ligada a estos grupos.

Pero antes de que todo pudiera ser puesto en una mesa de análisis, en Michoacán se repitió la dosis y no sólo se les entregó avales legales, sino que con todo el respaldo del estado, se permitió que los grupos de autodefensa se convirtieran en el brazo armado del gobierno federal para combatir a los famosos Templarios.

El problema aquí hizo saltar todas las alarmas. Inmediatamente apareció el problema de las ligas de

muchos grupos armados con los narcotraficantes de Jalisco. Y el gobierno federal quedaba atrapado en su propia no sólo ineficaz estrategia, sino abiertamente riesgosa para la estabilidad legal del estado.

El evidente malestar o preocupación, como se quiera, internacional, bastó para que el gobierno buscara una salida de emergencia. Y ante el nuevo intento de rescate en Michoacán, el propio titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, tuvo que modificar su discurso. Y ya no había respaldo a los grupos armados. Con cierta firmeza, se pidió el desarme y se prometió la aplicación de la ley, lo que por supuesto, tendría que obligar a todos y no sólo a los delincuentes.

El nuevo gobierno federal ha entrado en algo menos de un año, tres veces al estado de Michoacán. La última este lunes. Y en las dos anteriores, mucho se prometió y poco se cumplió.

Y no debe perderse de vista que en las dos ocasiones anteriores, existía un clima político interno en el que el cargo del gobernador se encontraba en el aire ante la enfermedad y licencia de Fausto Vallejo.

Así, en Guerrero y en Michoacán las cosas se han descompuesto de manera paulatina pero segura. La estrategia oficial no sólo no arroja resultado alguno, sino que hace agua por todos lados. La promesa presidencial de alcanzar cambios importantes en el terreno de la seguridad simplemente no aparece por ningún lado.

Y los discursos como el del lunes pasado, se han desgastado tanto que las esperanzas duran lo que duran los eventos en los que se pronuncian.

Pero la gran preocupación es hacia el exterior. Más allá de las llamadas telefónicas con felicitaciones y apapachos, lo que México enfrentó en la última semana, fue una dura andanada de críticas políticas que, guste o no, podrían tener duros efectos económicos. Justo cuando lo que se celebra son las reformas financieras.