PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

A final de cuentas, el gobierno federal determinó legalizar las violaciones a la ley y, de alguna manera, pondrá dentro de la institucionalidad, a las llamadas autodefensas, con lo que reconoce al menos, su simpatía por estos grupos, su apoyo a sus acciones y convierte en nada, buena parte de su discurso sobre el estado de derecho, la legalidad y la rigurosa aplicación de la ley.

Ya se anunció que todo el que quiera, dentro de los grupos armados “legítimos”, pasará a formar parte de las fuerzas del orden en alguno de los niveles dentro de esa estructura, con lo que se acepta que el camino a la legalidad, puede ser la ilegalidad.

Pero eso no es todo. Y por grave que resulte, que resulta, queda en el aire ahora, mucho del discurso de los cambios prometidos en campaña por el grupo hoy en el poder. Y si de lo que nos quejamos a lo largo de la pasada administración fue la incapacidad de los policías, ¿qué es lo que nos lleva a pensar que los integrantes de las autodefensas quedan por sobre ese tema?

El hecho de que estos grupos armados se hayan confrontado, con todo el apoyo del estado, a los grupos de delincuentes no significa que estén preparados para aplicar la ley. En el mejor de los casos, son capaces de aplicar la fuerza. Pero ¿eso es suficiente?

A partir de que se de entrada a esos grupos en la estructura de aplicación de la justicia, ¿qué garantiza que quienes violaron la ley para llegar a ese nivel, no lo harán para mantenerse ahí?

El gobierno optó por la salida más fácil del problema. Había dado su respaldo a una medida extrema para enfrentar un problema que se había desbordado. Y ahora, se legaliza aquello que nació en la ilegalidad. Y además, se entrega a la sociedad en las manos de esos grupos que, por las razones que se quiera, por “legítimas” que puedan ser, lo que en realidad hicieron fue luchar contra el estado.

La debilidad oficial, que no puede llamarse de otra manera, además de reflejarse en un serio fracaso en el terreno de las estrategias aplicadas y de mostrar las serias divisiones en las opiniones dentro del poder, queda ahora atrapada en la necesidad no de desarmar a las autodefensas, que no ha podido, sino

en legalizarlas.

Aquellos que lo quieran, quedarán dentro del poder. Y la queja del gobierno federal por la falta de profesionalización en las policías, queda en el olvido. A partir de que los acuerdos sean sellados, la ley en los estados con grupos de autodefensa, pasa a ser responsabilidad total de las autoridades federales.

Queda en el camino, saber el cómo estos grupos serán ubicados en el proyecto de seguridad, cómo es que se les capacitará, el argumento por medio del cual se les permitirá mantener las armas de alto poder que utilizar para conquistar sus nuevas posiciones, y cuál será su relación con el resto de las fuerzas de seguridad. Esto es, bajo el mando de qué institución habrá de quedar.

Pero ello no es todo. Una de las promesas más importantes de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia de la República, fue la creación de una gendarmería nacional. Esta fuerza, se dijo, sería capaz y profesional. Y serviría para hacer frente a los serios problemas de inseguridad que enfrentaba el país. Y se marcaron plazos para su puesta en marcha. Plazos que, por supuesto, no se cumplieron.

Ahora, en menos de lo que se lanza un nuevo discurso, las autodefensas, habrán de quedar como parte de las fuerzas de seguridad. Y la gendarmería sigue en veremos.

Y cuando la promesa de campaña se cumpla, ¿los “capaces y profesionales” integrantes de la gendarmería nacional tendrán el mismo nivel de las legalizadas autodefensas? Dicho de otra manera, las autodefensas aceptarán, sin más, que la gendermería queda por sobre de ellos y que en un momento dado, tendrán que someterse ante ellos?

El gobierno optó por una salida que no es otra cosa que legalizar lo ilegal. Y todo lo que hace falta es saber hasta dónde llegará la solución, con cuántos estados, para entonces poder medir realmente la debilidad oficial.