Por: Luis Soto

Luis SotoAhora sí va en serio

Imprimir Correo electrónico
SIN PREÁMBULOS, SIN CONSIDERANDOS, sin exponer los motivos —tal vez porque sean bastante obvios—, los integrantes de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobaron encomendar a la Secretaría de Gobernación la coordinación y seguimiento de las acciones necesarias para prevenir, sancionar y abatir el delito de secuestro.

Para tan importante labor se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, y para supervisar los trabajos de esta Coordinación se formó un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación, en donde participarán la Secretaría de Gobernación (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Comisionado Nacional de Seguridad), además de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República; un representante de las entidades federativas designado por la CONAGO, cuatro representantes de la Sociedad Civil y la Coordinación Nacional Antisecuestro, quien coordinará el Comité.

¿Y quién vigilará a este último comité?, preguntan los observadores políticos objetivos e imparciales, quienes recuerdan que en los sexenios emanados del “viejo PRI”, cuando los asuntos —de cualquier naturaleza— eran prácticamente imposibles de resolver porque implicaban factores políticos, económicos, sociales, climatológicos y la participación de muchos funcionarios de diversas dependencias y distintos órdenes de gobierno, recurrían a la creación de “comisiones” que nada más le daban largas a los problemas.

Ahora que el “nuevo PRI” (César “Longines” Camacho dixit) está de regreso, parecen haber “perfeccionado” la “técnica”, creando comisiones que supervisen los trabajos de la comisión original.

Lo que ocurrió fue que las comisiones, reglamentos y hasta leyes —como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, promulgada en 2010, que obliga al gobierno de la República y a las entidades, en el ámbito de sus competencias, a coordinarse para esos fines— sirvieron para un carajo, pareció decir el secretario de Gobernación. Y lo que falló fue precisamente la co-or-di-na-ción.

Por eso, en la Estrategia Nacional Antisecuestro que se presentó el día de ayer, se va a privilegiar la coordinación, la confianza entre dependencias y órdenes de gobierno y el uso del trabajo de inteligencia por encima de la fuerza, porque según Osorio, esos principios ya han demostrado su eficacia durante el primer año de esta administración en el que los índices delictivos, particularmente de homicidios dolosos y robos en todas sus modalidades, han disminuido.

¡Pues como que la población en general no piensa lo mismo!, ¿eh?

Bueno, la estrategia contempla también fortalecer y ampliar las capacidades operativas de las Unidades Antisecuestro de todas las entidades y, de manera particular, las de los diez estados que en el 2013 concentraron el 74 por ciento de la incidencia de este delito. Para ello, en acuerdo con los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se definieron, informó el secretario Osorio Chong, las siguientes cinco prioridades:

Uno. Todas las Unidades Antisecuestro del país serán evaluadas, capacitadas y certificadas en un proceso conjunto por la Procuraduría General de la Republica, la Policía Federal y el CISEN. Este proceso ya está en marcha y continuaremos impulsándolo decididamente junto con todas las entidades.

Adicionalmente, en el Centro Nacional de Formación de Mandos y Academias Regionales incorporaremos programas jurídicos, victimológicos, de investigación de campo y de inteligencia que nos permitan contar con elementos profesionales en el combate al secuestro.

De igual forma, promoveremos que en las entidades federativas se establezcan centros de formación especializados, con el apoyo de instituciones de educación superior locales, que brinden una preparación del más alto nivel para los cuerpos policiacos.

Dos. Para asegurar el debido proceso de la actuación policial, ministerial y pericial de las unidades estatales y del Distrito Federal, se homologarán sus protocolos con las Unidades Antisecuestro de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad.

Tres. Iniciamos el proceso de adquisición de equipo tecnológico y de inteligencia necesaria para la correcta operación de las Unidades Antisecuestro de las entidades, el proceso está ya en marcha. Las características de estos equipos serán absolutamente compatibles con los que contamos hoy en las instancias de seguridad del gobierno de la Republica.

Cuatro. En tanto se consolidan las capacidades de cada una de las Unidades locales y comienza a disminuir sostenidamente la incidencia de secuestros, las acompañaremos operativamente con Unidades de la Policía Federal y la PGR y daremos atención conjunta a este delito.

Cinco. En el proceso de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con las entidades federativas, promoveremos que la programación y aplicación de recursos esté alineada con esta estrategia de prioridad nacional. Asimismo, buscaremos su máximo aprovechamiento, rendición de cuentas y transparencia en su ejercicio.

Otras acciones, según Osorio Chong, serán: conformar un Sistema Único de Análisis de Información que contenga la base nacional de datos criminales en materia de secuestro, con el fin de aprovechar de manera eficiente la capacidad de los cinco centros regionales de fusión de inteligencia, con información generada por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, las unidades antisecuestro en las entidades, los grupos de coordinación y las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil, todas estarán concentradas. Con esta información se desarrollaran indicadores y patrones de comportamiento criminal que nos permitan actuar con mayor eficacia y oportunidad, pero sobre todo, prevenir este delito.

Para reforzar la confianza ciudadana, como séptima acción, se vigilará y evaluará permanentemente, el comportamiento y actuación de todos los elementos que conforman las unidades antisecuestro del país. En el caso de las unidades que se encuentran en la Procuraduría General de la Republica y en la Policía Federal, se van a fortalecer los mecanismos de control interno. En tanto, en las entidades federativas se impulsará el desarrollo y ejecución de programas de verificación y supervisión de manera coordinada y con la colaboración de la sociedad civil para impedir, en todo momento, la participación del personal de las unidades en actos delictivos.

En el sistema penitenciario nacional se impulsará un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales en penales de alta seguridad. De esta forma, se tendrá un mejor control de quienes cumplen una pena por este delito. Asimismo se establecerán acciones operativas y tecnológicas para inhibir cualquier acción o comunicación desde el interior de un penal, promovida por algún interno que pretenda participar en la comisión de este delito. (¿Dónde hemos escuchado, dónde hemos escuchado antes esas buenas intenciones?).
Todo eso y más, mucho más, contempla la Estrategia Nacional Antisecuestro. ¡Qué bello!, ¿no? ¿Pero cuándo empezarán a verse los primeros, nada más los primeros resultados?