AlejandroPor: Alejandro Lelo de Larrea

La Corte resolverá si hay consulta ciudadana

Si los senadores del PRD de verdad quieren que haya consulta ciudadana en materia energética en el 2015, la “insurrección social” que pretenden tendrá que alcanzar su mayor intensidad a más tardar en agosto próximo, y ejercer una presión suficiente al régimen para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale la celebración de dicho referéndum.

Ese es el timming político y legislativo, debido a que en octubre inicia el proceso electoral 2015 y tendría que entrar en éste la organización de la consulta ciudadana, que se realizaría de manera simultánea el día de los comicios federales.

Los escenarios para los senadores del PRD en este caso particular, y para toda la izquierda en general, no son nada alentadores, y todo indica que la decisión final la tendrá la SCJN, que resolvería de manera favorable sólo si existe la suficiente presión social, pues es un hecho que es máxima autoridad jurídica puede bien fallar con apego a derecho en un sentido o en otro, y con una carga política de por medio. Si no fuera así, no existirían votaciones divididas en la Corte.

Por la composición del Congreso de la Unión, es cierto aquello que pronunció enfático el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, de que no les alcanzan los votos a los partidos de izquierda para aprobar una ley de Consulta Ciudadana ad hoc a sus aspiraciones, y que la tarea del PRI y el PAN será evitar que se revierta la reforma energética.

Por ahí, por el lado del legislativo, parece haber una barrera absolutamente infranqueable para los partidos de izquierda.

Lo más probable es que en las primeras semanas de febrero, el Senado avale la minuta de la Cámara de Diputados que crea la Ley de Consulta Ciudadana, aprobada en diciembre pasado, ordenamiento legal que adolece de lagunas para la convocatoria de un referéndum, mismas que en todo caso tendrían que ser reparadas por la Corte.

El absurdo de Aureoles

El principal problema de esa Ley (que errónea y absurdamente aprobó el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles) es que no define aspectos de gran relevancia del artículo 35 constitucional.

Por ejemplo, dicho artículo, en su párrafo primero apartado VIII, establece que son derechos del ciudadano “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. Aunque parecieran obvios, es una laguna jurídica que en la ley avalada por los diputados no se defina cuáles son los temas de trascendencia nacional.

La misma Constitución, en el artículo 35 párrafo tercero, establece que “no podrán ser objeto de consulta popular… los ingresos y gastos del Estado”, pero en esa minuta de Ley de Consulta Ciudadana hay otro hueco enorme porque tampoco define cuáles son los “ingresos y gastos del Estado”.

Por ello ahora existe la disputa, el doble argumento: el gobierno, PRI y PAN afirman que la reforma energética que permitirá las licencias para explotación petrolera a empresas privadas nacionales y extranjeras entra en el rubro de “ingresos” del Estado, por los recursos que pagarán dichas empresas como contraprestación. Por ello, dicen que la reforma energética no es tema de una consulta ciudadana.

En tanto, los izquierdistas y progresistas sostienen que el tema de estas licencias va más allá de asuntos fiscales, pues se trata de un tema de trascendencia nacional, estratégico para la viabilidad de México como república, por lo que sí es objeto de una consulta ciudadana.

Por eso ahora, el camino que pareciera tener mayores posibilidades para los senadores del PRD y para la izquierda no parece ser otro que el de la Corte, pero para ello deberán esperar a que en la cámara alta se avale la minuta de Ley de Consulta Ciudadana, que todo indica será en los términos que lo hizo la colegisladora.

Dos caminos

Los legisladores de las izquierdas tienen dos caminos legales por delante. El primero sería recurrir a una acción de inconstitucionalidad, en los términos del artículo 105 constitucional, que sería plantear ante la Corte una contradicción entre el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Consulta Ciudadana que se apruebe.

No está fácil, pues de acuerdo el mismo artículo 105 Constitucional, “las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados” o del Senado de la República. En ninguna de éstas los partidos de izquierda alcanzan dicho porcentaje.

En el mejor de los casos, los partidos de izquierda alcanzan el 27% de los integrantes de la Cámara de Diputados, por lo que requieren que 30 diputados de las otras bancadas avalaran su solicitud de acción de inconstitucionalidad. Se antoja inviable.

El escenario más probable, que de todas formas terminará en la Corte, es que una vez promulgada la Ley de Consulta Ciudadana, con base en esta, promuevan la convocatoria a la consulta ciudadana, con base en el inciso C del artículo 35 Constitucional, que es por solicitud de al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. El PRD dice que ya reunió las más de un millón 700 mil firmas necesarias.

En el mismo artículo 35, párrafo tercero, se establece que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.

Es decir, el tema caería en la Corte de cualquier manera, que sin duda resolvería según la presión social, según la movilización social que hayan logrado las izquierdas, para agosto próximo. En cientos de casos, la Corte ha tenido dos caminos con sólidos argumentos legales para definir un proceso, y termina ganando el que suma más votos de los ministros.

Así, el mes de agosto parece ser clave en el futuro de la consulta ciudadana en materia energética que buscan las izquierdas. Les quedan 6 meses para lograr esa “insurrección social”. Habrá que ver si primero resuelven su división y luego son capaces de lograrla.

Posdata: El politólogo italiano Gianfranco Pasquino lo dijo con claridad a los senadores del PRD, en una conferencia magistral que les impartió durante su reunión Plenaria. “El máximo mal para la izquierda es la división”. Les recordó que las barbaridades y excesos de Silvio Berlusconi en Italia ocurrieron en buena medida porque logró dividir a la izquierda de aquel país. Aquí, la izquierda ya estaba dividida.