Por Norberto DE AQUINO
Los estados de Veracruz y Guerrero se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y de muchas maneras, los costos políticos podrían llegar a ser mucho más elevados que los enfrentados en Michoacán.
Los sucesos en Veracruz llegaron ya a un nivel que rebasa todos los pronósticos negativos. Y no se trata solo de los periodistas asesinados. La violencia en la entidad va mucho más allá.
Pero la muerte de Gregorio Jiménez, secuestrado, desaparecido y asesinado, dispara las alarmas. Y lo hace de una manera que alcanza directamente al gobierno federal.
Hace apenas unas semanas, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, visitó Veracruz. Y los discursos del representante del gobierno federal no escatimaron elogios para el mandatario local, Javier Duarte.
Lo menos que se dijo del gobernador fue que es, o en ese momento era, un ejemplo a seguir. Promesas cumplidas y aumento en los índices de seguridad, lo colocaban por sobre la mayor parte de los mandatarios estatales.
Pero apenas un par de días más tarde, un artista y su acompañante, ante testigos, fueron secuestrados por elementos de la policía estatal que había servido para elogiar al gobernador. Y para empeorar las cosas, el cantante y su compañero aparecieron asesinados.
Disculpar y explicaciones nada creíbles. Detenciones y discursos, pero nada en concreto. Y más adelante, un periodista es secuestrado y asesinado. Protestas hasta de la ONU y descomposición en la entidad. ¿Qué pasó entonces con el gobierno ejemplar?
Queda claro que desde el centro se intentó blindar al gobierno de Veracruz. ¿Las razones? Sencillamente habría que recordar que el primer gobernador que abiertamente se declaró en favor de la candidatura de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República fue, precisamente, Javier Duarte.
El mandatario veracruzano demandó que el entonces mandatario mexiquense fuera el único en la interna priísta. Y lanzó la afirmación de que Peña Nieto sería el “mejor presidente en la historia de México”.
Ese compromiso parece haber sido recordado ante la crisis local. Pero los costos rebasan ya lo que podrían considerarse como límites permitidos.
En el caso de Guerrero, como es obvio, el clima de inseguridad y corrupción es abrumador. Si se habla de los recursos enviados para asistir a los damnificados por los desastres naturales, las historias que se cuentan son simplemente, increíbles. Pero es en el campo político en donde las cosas se convierten en penosas para el gobierno federal.
La inseguridad creciente, el rompimiento de la estructura social con un empresariado que se aleja cada día más del gobierno local encabezado por Angel Aguirre.
Y aquí no son pocos los que recuerdan que, al momento en el que el PRI seleccionó a su candidato al gobierno local, Aguirre se indisciplinó, rompió con el Revolucionario Institucional y se lanzó con la izquierda como plataforma, a una batalla electoral contra sus antiguos compañeros.
Aguirre era en esos momentos, senador por el PRI. Pero buscó y logró el respaldo del gobierno del Distrito Federal encabezado por Marcelo Ebrard, y sostuvo su alianza política con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien en ningún momento respaldó, con seriedad, al candidato priísta.
Ahora, los gobiernos de Veracruz y Guerrero se tambalean. Y mantenerlos en el imaginario político nacional le significa al gobierno federal, un elevado, muy elevado, costo político.
En Guerrero los problemas tienen un origen y en Veracruz otro. Pero en el fondo, de lo que se trata es de que, a querer o no, ambos mandatarios están en sus cargos con factura política al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con todo lo que ello representa.

