PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La madrugada del domingo 19 de febrero de 2006, en la madrugada, se registró una explosión de “alta magnitud” en la >Mina 8 Pasta de Conchos, que costó la vida a 65 mineros, el prestigio al gobierno federal y la pérdida de confianza de parte de la sociedad, a todos los involucrados, autoridades, patrones y políticos.

El gobierno de Vicente Fox se encontraba en la parte final de su mandato. Y se había enfrascado en una batalla política en contra de Napoleón Gómez Urrutia, que encabezaba el sindicato minero. La tragedia de la mina en Coahuila había llegado justo en el inicio de esa lucha. Ya había colocado al gobierno federal, a los dueños de la minera y a los líderes de los trabajadores en una posición por demás delicada.

Así, la tragedia se convirtió en la noticia del momento. Pero no los intentos de rescate o las acciones del gobierno por resolver el tema. Se lanzaron por supuesto, discursos de todo tipo y promesas de todos los tamaños pero no pasó de ahí.

Con las elecciones federales en puerta y la renovación del poder federal, el asunto fue puesto en un segundo término, con la esperanza de que la sociedad se olvidará de lo sucedido.

Iniciado el nuevo gobierno, con Felipe Calderón a la cabeza, llegaron las nuevas promesas. Y se habló de una investigación a fondo, de rescate de los cadáveres y de sanciones a los responsables, en el caso de que los hubiera.

Y cada aniversario, fue lo mismo. Pero todo lo que se tenía a la vista, nada tenía que ver con la tragedia. Al menos no de la manera en que se quería hacer creer. Se perseguía con todo el peso del estado, en el discurso, al líder de los mineros, refugiado en Canadá.

La Cámara de Diputados en la LIX Legislatura, inició una investigación sobre la tragedia. Y sus conclusiones, con señalamientos de responsabilidad sobre gobierno y empresa y con la demanda de una investigación real y a fondo, quedó en el olvido.

El gobierno de Calderón que prometió el rescate de los muertos, no llegó a ninguna parte. Todo se dejó en el discurso.

El tiempo trajo un nuevo gobierno, ahora emanado del PRI. Y como es de suponerse, se habló del tema. Y se dijo que habría una investigación, que se iniciarían las labores de rescate y que se sancionaría a los responsables, que evidentemente existirían.

Pero nada ha pasado.

No obstante, habrá que la Cámara de Diputados en su investigación, estableció las contradicciones en que los funcionarios federales y los representantes de la empresa fueron sorprendidos. Y demandó que la investigación llegara “ sus últimas consecuencias”, que se sancionará con “todo el peso de la ley” a los responsables y que se aclarará, sin lugar la causa de la tragedia.

A ocho años de distancia, nada se ha hecho. Todo sigue igual. Cada año los deudos marchan y protestan por la actitud de las autoridades. Y cada aniversario, la empresa deja ver el poder que tiene y que se hace patente en su impunidad.

A ocho años de distancia, lo que es evidente es que la tragedia tiene a la corrupción como uno de sus elementos más importantes. Que esa corrupción se haría patente con una investigación real. Que los trabajadores no desempeñaban su labor en las condiciones adecuadas ni con el equipo requerido. Que el sindicato, las autoridades federales y al empresa, tenían acuerdos que les beneficiaban, pero a costa de los mineros. Y que, más allá de los discursos, nadie tiene en realidad, intención de aclarar lo sucedido.

Los acontecimientos de 2006 dejan ver muchas cosas. Pero especialmente que, a la hora de aclarar las cosas, uno de los primeros en negarse a ello es, curiosamente, el gobierno que ha prometido transparencia y respeto al estado de derecho.

Y esto queda a la vista, al celebrarse un aniversario más de la tragedia, sin que los mineros muertos o sus familias, reciban ni siquiera, una muestra de verdadero respeto de parte de quienes tendrían que haber velado por sus intereses.