Como lamentable calificó el diputado federal Carlos Reyes Gámiz, el hecho de que en 14 años de operación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya presentado 457 denuncias penales y sólo 19 se concretaron; es decir, 4.2% del total, por lo que urgió a las autoridades competentes a agilizar los procesos sancionatorios para castigar el uso indebido de recursos públicos.
El vocero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados señaló que de acuerdo con información publicada recientemente, 274 denuncias aún se encuentran en proceso de integración en el Ministerio Público Federal, 8 más han sido declaradas acumuladas, 5 se declararon con no ejercicio de la acción penal y 4 en reserva. Las 147 relativas a la Cuenta Pública 2012 están aún en curso al Ministerio Público.
Reyes Gámiz demandó terminar con la falta de transparencia en la administración pública federal, pues año con año se incrementa la opacidad, como se demuestra en la presentación de denuncias:
En 2012: 147; 2011: 133; 2010: 102; 2009: 34; 2008: 10; 2007: 2; 2006: 4; 2005: 3; 2004: 4; 2003: 1; 2002 y 2001: 0; 2000: 2; 1999: 13 y en 1998: 2.
Para el diputado federal del PRD la tarea de la Auditoría Superior de la Federación queda anulada en cuanto a la recuperación de los recursos perdidos, desviados o sin comprobar del gasto federal, pues de las Cuentas Públicas de 2001 a 2011, apenas ha logrado obtener poco más de 71 mil millones pesos, según el último registro que tiene la dependencia del 31 de diciembre del año pasado, cuando tan sólo en la Cuenta 2007 hizo observaciones por desvíos que ascendieron a 60 mil 723.6 millones de pesos.
En el marco de la aprobación del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Carlos Reyes Gámiz señaló que la lucha contra la corrupción en México debe estar orientada a la creación de un esquema en el que la regla sea la transparencia sobre las decisiones que se toman y las acciones que se realizan, y al mismo tiempo, instaurar un método eficaz de rendición de cuentas que posibilite la evaluación de las funciones que tienen los servidores públicos.
“Para lograr lo anterior es necesario, precisamente, fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, a través de ordenamientos que sancionen a los funcionarios a quienes se compruebe alguna práctica corrupta que genere incentivos para la denuncia y que disuada la comisión de nuevos actos de corrupción”, dijo.
Por lo anterior, el también secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados se congratuló con la aprobación del citado dictamen, pues de esta manera se podrán reducir los espacios de discrecionalidad de la administración pública, transparentar la gestión que desarrollan los servidores públicos y mejorar los sistemas de rendición de cuentas en el sector gubernamental.
“Estamos en el momento preciso para fortalecer el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con la obligación que emana de nuestra encomienda como legisladores para fomentar en la sociedad mexicana una verdadera cultura de legalidad y de la denuncia, para generar condiciones que permitan conocer, investigar y sancionar los actos de corrupción”, indicó.
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