PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El gobierno federal decidió que en el problema de las autodefensas, existían grupos “legítimos” y otros que no tenían verdadero soporte social. Y ante ello, determinó negociar la ley, convertir en legal lo ilegal y permitir la justicia por propia mano. Y ahora, paga las consecuencias. Y lo que es más serio, tendrá que hacerlo después de acreditar que, de nueva cuenta, su estrategia en Michoacán, en el supuesto de que esta exista, ha resultado ser un nuevo fracaso.

Las autodefensas aparecieron en Guerrero y en Michoacán. Y en ambas entidades desbordaron a los poderes estatales y dejaron si respuesta a las autoridades federales. No obstante, las voces que dejaron ver los riesgos que se corrían con la idea de permitir la existencia de grupos armados por fuera de la ley, fueron muchas, importantes y claras.

Aún así, el gobierno federal mantuvo la posición. Y con la idea de que estos grupos podrían marcar la línea de batalla en contra de grupos como Los Templarios por ejemplo, se les dejó actuar por su cuenta. Eso sí, siempre protegidos por las fuerzas armadas y la policía federal.

Al paso de las primeras semanas quedó claro que lejos de avanzar en la solución, lo que se había logrado no pasaba de ser una victoria pírrica. Los Templarios recibían duros golpes, tanto como el estado de derecho, la legalidad y el respeto al voto ciudadano.

A pesar de todo, la idea oficial prevaleció. Se realizaron los movimientos necesarios y se dejó a un lado a uno que otro líder de autodefensas que resultaba evidentemente ajeno a la planeación hecha desde el poder federal. Hasta que el choque entre grupos se presentó. De nueva cuenta, el gobierno con el aparato del estado, dedicado a proteger a uno de los líderes aliados. El gobierno, como réferi de una pelea ilegal en la que, gane quien gane, marcará para siempre, la debilidad de las autoridades y el tamaño del problema lo mismo en Michoacán, que en Guerrero.

Ahora, más allá de los discursos oficiales y los intentos por hacer creer que todo está bajo control, la realidad demuestra con precisión, que las labores del gobierno nada tienen que ver con las soluciones que se requieren.

El problema de las autodefensas nace de los conflictos sociales y de la corrupción e incapacidad de quienes desde el poder, dejaron que esta situación creciera y se convirtiera en todo lo que hoy puede verse.

Pero el gobierno federal quiso negociar la ley. Aceptó ver hacia otro lado, en tanto las autodefensas “tomaban” poblaciones y arrinconaban autoridades legalmente establecidas. Imponía autoridades que nada tienen que ver con Michoacán y dejaba pendiente Guerrero. Un mismo problema en dos entidades y dos maneras de enfrentarlo, sin tener en ninguno de los casos, nada favorable que contar.

Quizá por ello es importante poner algo de atención a lo dicho ayer por Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien en su informe de labores, se refirió al problema y destacó que los grupos de autodefensa, “operan fuera de la ley” y a pesar de ello “quieren ejercer labores de seguridad”.

En esas palabras queda atrapado el estado mexicano. Hay quienes desde la violación de la ley, desean ser autoridad y aplicar la ley. Sólo falta saber ¿qué ley, y quiénes les darán esa facultad que, de origen, ha violentado totalmente el estado de derecho.

El problema de las autodefensas se ha convertido en un fracaso absoluto para el gobierno federal. Pero lo más importante es que, de muchas maneras, lo que ha puesto de manifiesto no es más que “el precario imperio de la ley”, de acuerdo a lo dicho por Raúl Plascencia.