senadores priLas bancadas priista y pevemista en el Senado presentaron una iniciativa para expedir la ley general electoral, la cual forma parte de las reformas a legislaciones secundarias derivadas de los cambios constitucionales en materia política-electoral avalados por el Congreso de la Unión.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó este miércoles la propuesta, en la que destaca la creación del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) y define tanto sus atribuciones como sus competencias respecto a los organismos estatales.

Plantea que el INE lleve la fiscalización de los partidos a partir de la revisión de su contabilidad en tiempo real y expuesta en medios electrónicos, con criterios homologados de contabilidad pública, al tiempo que establece el principio de máxima publicidad de la contabilidad de esas fuerzas políticas.

Respecto al Órgano Técnico de la Comisión de Fiscalización del INE, se propone que verifique las operaciones de los institutos políticos con los proveedores y que con la Comisión de Fiscalización, sea responsable de los procedimientos de liquidación de aquellos que pierdan su registro.

“En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública”, precisa.

También propone se remita a la ley el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas o determinantes, y los casos respectivos.

“Se eleva de dos a tres por ciento del total de la votación emitida el umbral para mantener el registro de los partidos políticos y para que éstos participen en la asignación de diputados de representación proporcional”, añade.

Igualmente estipula que el Consejo General del INE designe a los consejeros de los organismos electorales estatales, inclusive a sus presidentes; dichos funcionarios locales estarán en el cargo por un período de siete años y se descarta la reelección.

Entre las prohibiciones a las fuerzas políticas, la iniciativa de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) plantea rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros.

También de asociaciones y organizaciones religiosas, iglesias, ministros de los cultos de cualquier religión, así como de cualquiera de las personas a las que las leyes prohiban financiarlos.

En cambio podrán recibir recursos privados en las modalidades de financiamiento por la militancia, simpatizantes, autofinanciamiento, por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

“No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona”, añade la iniciativa.

Tampoco podrán financiar partidos o candidatos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación ni de las entidades federativas, los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución.

Entre las sanciones por violaciones a esta ley destacan multas de hasta 10 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y reducciones en las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución.

Otras penalidades son la interrupción de la transmisión de propaganda violatoria de las leyes electorales e incluso la cancelación del registro como partido político. Lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones civiles y penales que correspondan.

“Toda afiliación colectiva será nula y los responsables serán sancionados de conformidad con el presente capítulo”, añade la iniciativa del PRI y el PVEM presentada en el Senado de la República.