gamboa-preciadoLas bancadas del PAN y del PRI en el Senado respaldaron la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias constitucionales contra Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sonora por incumplir con la reforma educativa.

El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que el Ejecutivo federal cumplió con su deber político, ético y jurídico, porque la ley suprema de la Unión es la Constitución y sus leyes generales, por encima de las normativas estatales.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que las leyes educativas de los estados referidos contravienen la Constitución, por lo que el presidente Peña Nieto hizo lo necesario y lo correcto.

“El presidente está actuando con ética y con legalidad y la Corte es la que determinará lo que proceda, en una revisión preliminar da la impresión de que estas legislaciones excedieron y contravienen lo que la reforma general establece».

“De primera impresión da la opinión inicial de que no están en la letra y en el espíritu de la reforma aprobada por el Constituyente Permanente y por el Congreso de la Unión”, indicó Romero Hicks.

A su vez, el coordinador de Acción Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Luis Preciado Rodríguez, calificó de acertadas esas controversias y criticó a los gobernadores de esas entidades, por desacatar la ley suprema.

“Entonces, creo que es acertada la controversia que plantea el Ejecutivo y yo espero que la Suprema Corte lo resuelva y lo resuelva rápido y obligue a los congresos estatales a que armonicen las leyes locales con la Constitución.

La senadora del PRI, Mely Romero Celis, del PRI, indicó que el Ejecutivo Federal actuó responsablemente, se dio un plazo de seis meses a los 31 estados del país y al Distrito Federal para que armonizaran sus leyes locales con la reforma constitucional en materia educativa.

“Actuó conforme a su responsabilidad, a mi entender, y si él ya tomó la decisión de que se debe proceder de esta manera, él debe tener todos los elementos para hacerlo”, añadió la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Ejecutivo federal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, interpuso cuatro controversias constitucionales ante el alto tribunal para armonizar la reforma educativa con leyes estatales.

Se promovieron controversias constitucionales contra los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.

En el caso de Oaxaca el recurso jurídico es por la omisión total de lo dispuesto en la Constitución, en materia educativa.

Para Chiapas, Michoacán y Sonora, los recursos se promovieron porque diversos artículos de las legislaciones locales en esa materia no armonizan con lo dispuesto en la Constitución.

Por separado, la Unión Nacional de Padres de Familia felicitó al Gobierno Federal por la decisión de presentar cuatro controversias constitucionales contra los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora por la no armonización de la reforma educativa.

En un comunicado, la organización enfatizó que es momento de concretar los cambios que necesita el país y de manera valiente hacer que se respete la ley, para que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad.

A juicio del organismo, también debieron incluirse estados como Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, por considerar que pese a que hicieron cambios en sus constituciones locales, algunos contravienen a la ley federal y no cumplen con el espíritu de mejora de la reforma educativa.

La UNPF advirtió que ningún estado puede estar exento de la reforma educativa y se deben analizar cuidadosamente una a una las normativas locales para que se cumplan todos sus puntos sin excepción.

Consideró urgente aprovechar los beneficios que trae la reforma educativa para conseguir la educación de calidad que tanta falta le hace a México.