sismo guerreroEl director general para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, José María Tapia Franco, pidió a los legisladores fortalecer el presupuesto al Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), al que se le etiquetaron este año sólo 300 millones de pesos, equivalente al uno por ciento del gasto del sector.

Al reunirse con diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos, expuso a los legisladores la estrategia integral para atender las emergencias provocadas por “fenómenos naturales perturbadores.

También, aseguró que se ha agilizado a 30 días el tiempo para autorizar el uso de recursos; refirió que en Guerrero fueron 45 días luego del impacto de Manuel e Ingrid en septiembre pasado.

Las emergencias, afirmó, se atienden entre las siguientes 24 a 36 horas de haberse registrado la contingencia. Garantizó que no se permite que los apoyos estén en bodegas ni tampoco su venta, porque la ayuda humanitaria debe entregarse de inmediato.

Además, explicó que el proceso para declarar una zona de desastre se ha abatido, se hace a través de la línea electrónica y se define en un máximo de 24 horas, después se instala el Comité de Evaluación de Daños para calcularlos y definir la estrategia y calendarización de reconstrucción.

Durante su exposición, reconoció que se detectaron en el FONDEN recursos sin ejercer que datan desde el 2010 al 2012, los cuales se han recuperado para redireccionarlos en el mismo sector.

Aclaró que los recursos nunca se transfieren a los municipios ni a los gobiernos estatales, y las obras se inician aún cuando esas instancias no hayan cubierto el 50 por ciento de recursos o pari passu.

Señaló que entre las secretarías de Gobernación y de Hacienda, y la Cámara de Diputados se buscan mecanismos para solventar la aportación del 50 por ciento que deben hacer los municipios y estados, por el riesgo de que caigan en un hueco financiero, y porque están al límite de endeudamiento.

Insistió que “la prioridad es la prevención”, por lo que pidió a los legisladores fortalecer en el presupuesto al Fopreden, al que se le etiquetaron este año sólo 300 millones de pesos, equivalente al uno por ciento del gasto del sector.

El funcionario de la SEGOB se comprometió ante diputados a atender caso por caso los rezagos que aún prevalecen en diferentes estados en materia de reconstrucción de viviendas y escuelas.

Así como fortalecer los programas preventivos en cuencas, presas, altos hidráulicos y realizar todas las obras que mitiguen los efectos climáticos, ya que el reporte de una lluvia no alerta ni mitiga los daños, sólo la prevención y la atención eficaz.

Recomendó homologar los atlas de riesgos de estados, municipios, instancias federales y paraestatales para garantizar la seguridad de la población.

En tanto los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos conminaron a la dependencia a flexibilizar las reglas de operación para que los recursos del Fondo de Desastres Naturales lleguen con oportunidad para enfrentar y atender las emergencias por desastres climatológicos.

“La gente está desesperada, lo perdió todo, y la ayuda no llega, ni la reconstrucción de viviendas”. El rezago data de 2010, pero existen casos sin resolver desde 2003, afirmaron.

Urgieron a fortalecer la prevención ante desastres y se comprometieron a elevar los recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, a fin de alentar entre la ciudadanía y los funcionarios la conciencia de la prevención para evitar pérdidas humanas y daños mayores al patrimonio familiar y a la infraestructura social. “Prevenir es una prioridad”.

Los legisladores pidieron incorporar en el Atlas Nacional de Riesgos que se construye, las zonas de riesgo y alto riesgo por fenómenos naturales, a fin de que la Federación, los estados y municipios las conozcan y garanticen la protección inmediata a las poblaciones ante el impacto de inundaciones, sequías, temblores o cualquier meteoro natural que provoque daños, y la población atienda las recomendaciones.

Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, solicitó al funcionario federal atienda caso por caso, porque las entidades tienen problemáticas específicas que requieren soluciones y atención particulares.

Indicó el caso de Tabasco, estado con los mayores problemas hídricos, cuyas inundaciones son recurrentes, como la más reciente, de diciembre pasado que asoló la zona indígena, y los recursos tardaron en llegar, o todavía no lo hacen.

“Treinta días es demasiado para que lleguen los recursos, aún así las escuelas no se han remozado”, aseguró.

Cuestionó ¿qué hacer para que los recursos se apliquen? Adujo que los municipios y estados no pueden cumplir con el pari passu que exigen las reglas de operación del Fonden para que se inicien las obras de reconstrucción luego de un desastre.

El diputado del PRI, Enrique Cárdenas del Avellano, exigió “un análisis a conciencia de las reglas de operación para que se flexibilicen y definir cuándo proceden o no”.

La gente tiene problemas y quiere soluciones pues hay municipios que les pegan en el año no sólo un huracán, sino hasta seis.

Comentó que el 70 por ciento de los municipios están su capacidad máxima de endeudamiento para cumplir con el pari passu.

Pidió que las soluciones “no se queden en una carta a Santa Claus, que se enliste, espere turno y no se resuelva, porque la gente está desesperada y la ayuda no llega”.

El perredista, Antonio García Conejo, sostuvo que los municipios de Huetamo y San Lucas en Michoacán no han recibido ninguna ayuda para la reconstrucción de viviendas, a pesar de que las perdieron el año anterior.

¿Cómo hacerle para que llegue la ayuda, porque las familias están arrimadas, tienen una puerca y un borrego, ya que perdieron sus casas de cartón y zacate. Qué hacemos porque la gente está desesperada?, cuestionó.

Por el PRI, Marco Antonio Calzada Arroyo, dijo que debe considerarse el riesgo de descontento social a causa de que los apoyos y reconstrucción no llegan con la rapidez que requiere la población.

Los legisladores priistas Faustino Félix Chávez y Cecilia González Gómez, subrayaron la necesidad de desplegar programas preventivos ante las sequías y cualquier contingencia natural, y dar facilidades a los municipios para hacerlo, porque las zonas de riesgo recurrentes se conocen en cada región.

Insistieron en cambiar las reglas de operación para que los recursos lleguen a tiempo.

Luis Olvera Correa, del PRI, aseguró que en Angangueo, Michoacán, hay obras pendientes desde 2010 provocadas por desastres hídricos, ¿qué se hace para solucionarlo?, preguntó.