La diputada Martha Lucía Mícher Camarena pedirá a la Comisión Permanente exhortar a las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y General de la República (PGR) investigar la presunta red de trata de personas y explotación sexual liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presidente con licencia del PRI en la Ciudad de México, y proteger a quienes dicen haber sido amenazados y amenazadas en este caso.
Pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apoyar su solicitud a través de una proposición con punto de acuerdo, a fin de esclarecer los hechos y proteger a las víctimas de la presunta red, así como a quienes las han defendido, como Teresa Ulloa –respetable, conocida y reconocida abogada- y su equipo de colaboradores.
Refirió que la investigación periodística que mostró a Gutiérrez de la Torre como cabeza de la mencionada red y las declaraciones de las presidentas del PRI en las delegaciones Azcapotzalco y Cuauhtémoc, respectivamente Aída Beltrán y Leticia Álvarez, según las cuales habrían sido amenazadas por Ulloa Ziárriz, Directora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe.
Según dichas dirigentes priistas, Teresa Ulloa le habría exigido declarar contra Gutiérrez de la Torre. Ulloa Ziárriz, a su vez, las desmintió y dijo desconocerlas hasta el pasado 23 de abril, cuando se presentaron en sus oficinas con nombres falsos para solicitar ayuda, pues fingieron ser víctimas “en un asunto muy grave”.
Posteriormente –agregó– Ulloa y su equipo fueron intimidados de diversos modos, entre ellos, con acusaciones en su contra, lo que los puso en mayor riesgo y alta vulnerabilidad, “pues es probable que ese montaje y las difamaciones formen parte en una estrategia que busca inhibir el trabajo de las defensoras de derechos humanos y desprestigiar a su organización para generar desconfianza y evitar que las víctimas de la red testifiquen contra Gutiérrez de la Torre”.
Mícher Camarena señaló que por como se han desarrollado los hechos, es presumible la existencia de una estrategia para desprestigiar a Ulloa Ziárriz, cuya impecable trayectoria en la defensa y atención de víctimas de trata y explotación sexual a lo largo de 45 años ha sido reconocida nacional e internacionalmente.
“Incluso su experiencia y conocimiento han sido gran aporte durante los trabajos legislativos para conformar el marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar el flagelo de la trata de personas en México”, puntualizó.
Consideró que el desarrollo de este caso ha generado situaciones delicadas tanto para las víctimas como para sus defensoras, por lo que hay elementos suficientes para que la PGR, además de atraer las investigaciones que sean de su competencia, debe protegerlas.
En consecuencia, pidieron a la PGJDF enviar a la PGR el desglose de hechos para que ésta intervenga en el ámbito de su competencia; que ambas adopten las medidas de protección adecuadas para garantizar la vida y seguridad de las víctimas, sus familiares y de los integrantes de la Coalición Regional dirigida por Ulloa, y que la primera de estas dependencias se aboque a dilucidar las supuestas amenazas contra Aída Beltrán y Leticia Álvarez a fin de deslindar responsabilidades.

