PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Los mensajes que llegan desde Michoacán son por supuesto, muy importantes, Pero podrían no ser lo que el optimismo del gobierno pretendía. Es más, los hechos en aquella entidad tendrían que ser motivo de preocupación para muchos.

La euforia oficial con la que se dio paso a la formación de la nueva policía rural y el optimismo de los discursos del comisionado Alfredo Castillo no parecen responder a lo realmente sucedido. Y el verdadero mensaje resultaría ser entonces, todo lo que el gobierno quería evitar.

Si se parte del momento en que las promesas oficiales quedaron centradas en el desarme de los grupos de autodefensa, será por demás sencillo adivinar la primera parte de la situación.

Si desarme quiere decir, eliminar el armamento, por el mecanismo que se quiera, lo que tenemos como resultado es otro. Los grupos no entregaron el armamento. Lo que sucedió es que el gobierno les entregó uniformes y los convirtió en una fuerza armada dentro del estado. Y ello no debe perderse de vista.

De esta manera, lo que se prometió no se cumplió. Ya no hay autodefensas como tales, pero se mantienen los grupos armados. Ahora dentro del sistema legal. Con todo lo que ello significa.

Después, quedaría el señalamiento del armamento de “uso exclusivo” del ejército. Esto es, aquellas armas, de todo tipo, que sólo pueden ser portadas por las fuerzas armadas.

Y esto tampoco se cumplió. Los grupos ahora de la policía rural, mantienen bajo su poder aquellas armas que hasta hace muy poco, fueron consideradas como fuera de la ley en manos que no fueran la del ejército.

Esta parte tampoco se cumplió. Y los riesgos son evidentes.

Estos dos mensajes quedarían entonces como pilares del mensaje más peligroso que no es otro que el de haber legalizado la ilegalidad.

Los grupos armados, que se conocieron como autodefensas, nacieron de un movimiento fuera de la ley. Es obvio que se podrían presentar alegatos para intentar justificar la presencia de esas bandas, pero siempre, sin lugar a dudas, quedarían violando la ley.

El gobierno federal decidió negociar con ellos. Y al hacerlo, lo que en realidad pactó fue el negociar la ley, en vez de aplicarla.

Poco a poco, esos grupos marcaron el ritmo a seguir. Y ahora, sin más, los tenemos como parte de la estructura encargada de aplicar la ley. ¿Pueden estos grupos ilegales cumplir con esa misión?

Siempre seria interesante saber qué es lo que el comisionado Castillo entiende por “desarmar” y qué es lo que entiende por “uso exclusivo”, ya que de ello depende qué es lo que el resto de los mexicanos debe entender de lo sucedido en Michoacán.

Pero en tanto las definiciones se presentan, los mensajes que llegan desde Michoacán están lejos de corresponder al optimismo oficial.

Discursos aparte, se negoció la ley. Se permitió que grupos fuera de la legalidad se instalaran como parte del aparato de justicia y por su fuera poco, se les toleró portar armamento que, supuestamente, sólo pueden usar las fuerzas armadas.

Si todo esto es parte del “éxito” del gobierno federal en Michoacán, entonces tal vez sea el momento en el que todos tenemos que ponernos a pensar qué es lo que puede suceder en todas partes y en plazos muy cortos.

Michoacán está muy lejos de ser un ejemplo a seguir, Y por supuesto, es un triunfo de la estrategia oficial sólo en los discursos. La realidad podría resultar totalmente desalentadora.