miguel alonso raya 1El diputado del PRD Miguel Alonso Raya confirmó que su grupo parlamentario ya tiene lista la iniciativa que presentará en la próxima sesión de la Comisión Permanente para revertir la pensión vitalicia de los magistrados electorales y aprobada en el Congreso por legisladores del PRI, como parte del dictamen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dijo que los legisladores perredistas votaron a favor en lo general de esta ley por los beneficios que implica y en contra en lo particular de la pensión vitalicia de los magistrados electorales, previo acuerdo de los coordinadores de los principales grupos parlamentarios para consensuar una propuesta que elimine esta pensión.

“Esta adición, que se introdujo mañosamente en el dictamen, es la base para un régimen especial pensionario de privilegio como el que gozan los Ministros de la Suprema de Justicia de la Nación, que reciben luego de 11 años de servicio, un retiro vitalicio de 100% de sus ingresos totales en el primer año de servicios y de 80% en los siguientes”, argumentó.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, con recursos fiscales, la Corte maneja dos fideicomisos para administrar sus retiros. Los saldos acumulados hacia 2011 ascendían a mil 13 millones de pesos. Con eso se fondean pensiones que en promedio ascienden a 94 mil pesos mensuales más otras prestaciones en especie y en dinero.

“Es inaceptable que se quiera dar facultades a los Magistrados del Tribunal Electoral para que ellos mismos acuerden sus haberes, cuando debieran someterse, como todo servidor público al sistema de seguridad social que está previsto para ellos”, puntualizó.

Alonso Raya expuso que el PRD votó en favor de las leyes electorales porque permitirán garantizar los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los procesos electorales y acotar además la compra y coacción del voto, la propaganda gubernamental, le dan claridad al financiamiento, fortalecen la fiscalización y las instituciones electorales y otorgan certeza a los resultados electorales.

Nuestro partido, concluyó, aspira a establecer “normas claras y precisas que fomenten la competencia electoral, fortalezcan la transparencia y equidad en financiamiento, faciliten las condiciones para formar gobiernos de coalición, eviten la coacción y el condicionamiento del voto y permitan la actuación imparcial del árbitro electoral.