norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

Algo en la estrategia del gobierno federal para combatir la violencia que se enfrenta en buena parte de la República, no funciona. Al menos no como se prometió que sería. Y tampoco como para consolidar el discurso oficial.

De esta manera, lo que se presume como un gran avance en Michoacán, no es más que la evidente eliminación de un grupo de delincuentes, para llevar al poder a grupos armados nacidos de la ilegalidad.

En el caso de Tamaulipas, las dudas creadas son muchas. Y el júbilo por la captura de un “líder” del narcotráfico, como Fernando Martínez Magaña, no oculta el hecho de que lo que hoy se presume no es otra cosa que aquello que se dejó de hacer. Esto es, la aplicación del estado de derecho.

Los resultados prometidos por el gobierno no son lo que se prometió. Y el esfuerzo por querer convertir lo que se hace en soluciones casi mágicas, no resiste la prueba de la realidad.

El problema es mayor en cuento se analizan las condiciones que privan en entidades como el Estado de México, Veracruz, Sinaloa o Morelos. El malestar y el temor de los ciudadanos en estos casos no ha recibido atención por parte de las autoridades federales. Y en todos los casos que aquellos que ha prometido para Tamaulipas es, se acepte o no, lo que no se tiene para estas entidades.

En estas cuatro entidades el problema es de descomposición social, reflejado por la incapacidad de las autoridades estatales y la poca atención de la autoridad federal.

En los discursos, todo está bajo control. Y es claro que, como en el caso del EDOMEX, se quiere hacer creer mediante costosas campañas oficiales y constantes anuncios oficiales, que el gobierno estatal puede con el paquete.

Pero la realidad es otra. La inseguridad es creciente. Y la entidad se ha convertido en un problema que puede obligar a medidas de emergencia. La situación es casi la misma en el resto de las entidades mencionadas.

Morelos es simplemente un caso patético. El gobernador Graco Ramírez que como representante de la oposición nunca desaprovechó oportunidad alguna para cuestionar a las autoridades estatales, especialmente en el terreno de la inseguridad, hoy se queja de “ataques políticos”.

Lejos de dar cumplimiento a sus promesas de campaña para abatir la violencia, el señor Ramírez hoy pretende que se le extienda una carta de impunidad ante su evidente incapacidad, sin importar que todo lo que ha logrado desde que llegó al poder no es más que el repudio de sus gobernados.

Los casos de Veracruz y Sinaloa no se quedan atrás. En ambos estados en continuo el reporte de violencia, muertos y desaparecidos.

En Sinaloa, cuya capital figura como una de las ciudades más violentas en el mundo, parece tener prisa en llegar a situaciones de violencia desatada como la de Tamaulipas. Y en Veracruz,, la pérdida de confianza en las autoridades locales y el creciente número de víctimas de la violencia ha provocado no solo temor de parte de la sociedad, sino el nacimiento de grupos que, por el momento, lo que buscan es llamar la atención federal sobre el problema que vive la entidad.

Por todo ello, queda claro que la estrategia oficial en contra de la delincuencia no parece tener el impacto necesario. Se prometió cambiar la forma de combatir el problema. Se prometió hacerlo más con inteligencia que con fuerza. Y nada ha sucedido.

En tanto, en Michoacán se aplica una forma de combate a la delincuencia. Una diferente, es la que se aplica en Tamaulipas. ¿Y Morelos, Sinaloa, Veracruz y el Estado de México? ¿Habrá que esperar resultados de la estrategia modificada para entonces, aplicar la nueva receta en cualquiera de estas entidades?
Puede ser, pero mientras ¿qué es lo que deben hacer los ciudadanos, además de rezar?