Por Norberto DE AQUINO
La violencia en el país ha crecido en todos los niveles. Y uno que nada tiene de nuevo, pero sí se ha convertido en un gran problema social, es el del llamado bullying en las escuelas. Con el agravante de que para las autoridades del sector educativo lo que tiene que atenderse es el entorno familiar.
Y por supuesto, uno de los puntos sobre los que se desarrolla la violencia en todos los renglones, es el de descomposición de la familia. Pero, como siempre, a las autoridades se les olvidan muchas cosas que, especialmente en lo que se refiere a las familias, habría que tener muy en cuenta.
De acuerdo con Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, las autoridades deben tomar cartas en el asunto de la violencia en las escuelas. Pero señala que esa violencia se desarrolla en las casas, no en las escuelas.
Más allá de lo discutible de la posición de la SEP, lo que llama la atención es, de nueva cuenta, la facilidad con que las autoridades buscan evadir responsabilidades.
Nadie podría, por supuesto, negar la incapacidad de las autoridades para evitar los abusos en las instalaciones escolares. Sin importar otra cosa que el hecho mismo.
Pero de lo dicho por el titular de la SEP lo que preocupa es que antes que lanzar culpas a la familia por la violencia, habría que pensar en la responsabilidad del gobierno, en todos sus niveles, en este punto.
Dicho de otra manera, habría que preguntarse las causas por las cuales una familia deja de atender su entorno. Y aquí habría que tener como una de las respuestas fundamentales, a la necesidad de unir esfuerzos para responder a las necesidades familiares.
No hace mucho, al momento del escándalo desatado por el asunto del “News Divine”, las autoridades del gobierno capitalino, al intentar evadir sus responsabilidades en el problema, atacaron a los padres de familiar. Y como demostración de su cuestionamiento, se preguntaban ¿“en dónde estaban los padres”? al momento en el que los hijos enfrentaban este tipo de situaciones.
Y la respuesta, que ahogó al gobierno del Distrito Federal fue simple, pero contundente: “se encontraban trabajando para resolver el reto económico”.
Ahora, para la SEP, la respuesta es la misma. Si la situación económica no mejora y si la oferta de empleo no es la que se requiere y los niveles de ingreso y salario no son suficientes, los padres tienen que buscar una solución que no es otra, que el trabajo de los miembros de la familia en edad de poder hacerlo.
Así las cosas, ¿si las familias tienen responsabilidad en la violencia, cuál es la responsabilidad del estado ante su incapacidad para promover salario, trabajo y dar valor al ingreso?
La posición de la SEP y del gobierno todo, es entonces ofensiva. Critica a las familias por no estar atentas al comportamiento de los jóvenes de todas las edades, pero se desentiende del problema que provocan los magros resultados en lo que a crecimiento del PIB se refiere, a la creación de empleos bien remunerados y al poder adquisitivo.
No se puede negar que las familias enfrentan un problema muy serio, en buena parte de los hogares en el país, de violencia. Pero esta violencia se deriva en buena medida, de los problemas de la tensión que se ha creado en el entorno familiar por la imposibilidad de responder a los retos financieros.
Es muy sencillo imaginar una discusión familiar causada por la falta o insuficiencia de ingreso. Es simple adivinar el resquebrajamiento de los lazos familiares después de cada discusión que, por lo demás, no deben pocas.
Lo que es no fácil entender, es el hecho de que, para las autoridades la situación se deba sólo a un problema de las familias, sin hacer frente, con honestidad, a la responsabilidad del gobierno para, con resultados económicos en la mano, ayudar a las familiar a mejorar su situación particular.

