PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El Senado de la República ha sido, a lo largo de la actual Legislatura, un escollo a la hora de intentar sacar adelante la agenda nacional. Y cuando algo ha hecho, lo ha hecho mal y con ello, ha permitido que los riesgos de todo tipo, se conviertan en nuevos problemas políticos que resulta obligado, y en tiempo cortos, resolver.

Es el caso de los cambios electorales realizados hace apenas unas semanas. La Cámara Alta dejó pasar, sin siquiera tener claro el tema, el asunto de las llamadas pensiones de los magistrados electorales.

Y con ese tema, se dio vida a confusiones en el terreno de las coaliciones y, ante la premura por el vencimiento de los temas, se dejaron correr errores en el área de los delitos electorales.

Ahora, y ante la lentitud con la que la Cámara de Senadores trabaja y ante el problema que habrá de significar sacar adelante los proyectos en telecomunicaciones y energía, la Cámara de Diputados ha decidido poner orden, otra vez, justo en donde los senadores han creado problemas.

De esta manera, está listo un nuevo período extraordinario de sesiones a realizarse los días 19, 20 y 21 del presente, con una agenda que buscará remediar las fallas de la Cámara Alta.

Los cambios electorales se han convertido, ante la presión de los panistas, en un tema obligado. Y con la problemática que existe para que en las legislaturas locales avance la reforma, en la Cámara de Diputados se quiere simplemente aclara el panorama y evitar pérdidas de tiempo.

Los diputados entienden que el debate sobre la legitimidad o no de la reforma en tanto no tenga el respaldo de los Congresos locales es simple artificio político. Pero también saben que hay que resolver los temas, antes de que puedan dar vida a situaciones realmente inmanejables.

Así, se dejará en la ley todo lo relacionado con los famosos “haberes” de los magistrados, que sin que la mayor parte de los Senadores, habían recibido el visto bueno para contar al momento de finalizar su función, con cantidades de dinero que ofendían a los ciudadanos.

Los diputados quieren llevar a la norma un planteamiento que, sin dejar a los magistrados “sin nada”, si contemple una salida más acorde con el panorama nacional.

Este es un tema que llama la atención por el monto que se había adjudicado a los magistrados. Pero en realidad todo es producto de una batalla entre el panismo y los otros partidos, con miras a consolidar posiciones dentro del campo de las autoridades electorales.

Al mismo tiempo, se busca clarificar el tema de las coaliciones políticas. Y aquí el pleito es del PRI con perredistas y panistas.

Los partidos de oposición desean tener todas las opciones abiertas. Decidir como se reparten los votos al momento de respaldo a un mismo candidato y, claro está, con ello obtener todos los beneficios del procesos.

Los priístas por su parte, lo que quieren es que una candidatura única con varios partidos, no signifique más que un conteo de votos tal y como se hayan emitido. Esto es, que cada partido tenga los votos que recibe y que sean esos votos lo que se contabilicen al final de proceso para determinar no quien es el ganador, sino quienes mantienen registro y cómo se deberán repartir los respaldos legales que cada partido recibe.

El tema de los delitos electorales es, por supuesto el más fácil. Todo lo que se tiene que corregir son erratas. Esto es, redacciones mal hechas de temas ya acordados.

De cualquier manera, este nuevo período extraordinario de sesiones, lo que hace en realidad es poner en claro que, discursos parte, en el Senado de la República lo que menos importa, es la agenda nacional.