norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

Con la detención de José Manuel Mireles, el gobierno federal ha mostrado fuerza y decisión y ha dejado en claro que no tolerará nada que se salga de su determinación. Pero con esa actitud no ha resuelto el problema en Michoacán. Y a cambio, sí ha dejado ver que se pueden utilizar recursos de todo tipo para cumplir con su proyecto.

Más allá de si Mireles es o no traficante de drogas, las interrogantes que han aparecido después de la detención de uno de los creadores de las autodefensas michoacanas son muchas. Y buena parte de ellas podrían hasta ser consideradas como graves.

A Mireles se le acusa de tener droga, que por la cantidad difícilmente podría ser considerada como para consumo propio y de portar armas de uso exclusivo del ejército.

Pero el primer problema surge inmediatamente. ¿Cuándo se enteró el comisionado Alfredo Castillo que Mireles traficaba droga? Esta pregunta es fundamental, ya que el líder michoacano se reunió con el propio Castillo, que en la primera parte de su actuación siempre le guardó deferencias, y recibió todo el apoyo del gobierno federal a través del comisionado.

Mireles se reunió con Miguel Angel Osorio Chong, titular de Gobernación y entabló negociaciones con los hombres del gobierno federal encargados del asunto de Michoacán.

Así, ¿no sabían Castillo, Osorio y todos los demás en el gobierno con quien trataban? ¿No les importaba en ese momento con tal de alcanzar acuerdos? ¿Sabían quién era Mireles y aún así aceptaron las pláticas y los primeros acuerdos?

El segundo problema llega inmediatamente después de que se conocen los cargos. Posesión de drogas, con la aparente idea del negocio. Mireles y la abogada encargada de su defensa, hablan de que las armas y las drogas le fueron sembradas al michoacano.

El punto aquí es muy simple. Alfredo Castillo fue el encargado de resolver el penoso asunto de la niña Paulette Gebara Farah, en el 2010, en el estado de México, cuando el procurador Alberto Bazbaz

no pudo resolver la desaparición de la menor de 4 años.

Castillo asumió el cargo y el reto de resolver el caso. Y lo hizo de manera singular. El cadáver de la infante fue encontrado en un hueco de una cama, en un cuarto en el que, por varios días, entraron policías, funcionarios, familiares, perros entrenados y demás, en algo que para muchos, no fue más que un acto montado para “resolver” un problema que alcanzaba ya, al entonces gobernador del estado, Enrique Peña Nieto.

Ahora, Castillo “resuelve” el problema de la “sublevación” de Mireles. Y se le acusa de montar la captura y de “sembrar” pruebas. Y obligadamente, al revisar el pasado inmediato, el caso de la niña Paulette sale a escena.

Así, Mireles se convierte en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno en lo general y para el comisionado en lo particular.

Si cuando negociaban con Mireles sabían a que se dedicaba, entonces queda claro que el gobierno puede negociar con traficantes de droga. Si no sabían, resulta que el gobierno no está enterado de las cosas más elementales, lo que por lógica, le impide aplicar las soluciones realmente adecuadas.

Por el otro lado, si el hoy comisionado en Michoacán Alfredo Castillo, dejó en el estado de México como procurador, un sabor de boca muy especial por la forma en que resolvió los problemas más serios ¿podría pensarse que hoy sí dice la verdad?

Y como el caso Paulette no tuvo responsables y como el señor Bazbaz a pesar de su obvia incapacidad fue premiado y hoy cobra como titular de Inteligencia Financiera de Hacienda, ¿puede pensarse que en Michoacán las cosas son como dice el gobierno federal que son?