PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Si el Senado de la República logra que se realice el debate en torno a las varias leyes reglamentarias de la reforma Energética habrá dado un paso muy importante en la más grande batalla política emprendida por el actual gobierno. Pero no habrá logrado dar por terminada la lucha.

El tema de la seguridad se ha convertido ya, en el punto crítico de la reforma energética. Todos los inversionistas suponen que la legislación será apoyada en el Congreso y calculan que, aún cuando puedan registrarse algunos retrasos, el proyecto alcanzará la meta de acuerdo a los términos anunciados por el gobierno federal.

Así, todos han puesto la mira en el terreno de la seguridad. O de la inseguridad si se prefiere.

Los datos dados a conocer por el Centro de Estudios Económicos del sector Privado son más que preocupante. El año pasado, el costo por la violencia, llegó a la impresionante cifra de un billón 680 mil millones de pesos.

No se requiere de mucho para entender que el costo para el país ha sido simplemente, catastrófico. Y ese costo fue sólo por el año pasado.

Del mismo modo, el organismo empresarial, estableció que la violencia registró un aumento que le llevó a representar, de manera negativa, el equivalente a poco más del 9% del Producto Interno Bruto.

Esta situación que, de entrada pone de manifiesto que los logros que el gobierno prometió en materia de seguridad para el primer año de gobierno, no se cumplieron. Y que a pesar del optimismo registrado en los discursos, el problema simplemente creció.

El problema entonces, para los inversionistas, lo mismo nacionales que extranjeros, ya no es la reforma energética en sí. Dan por sentado que el proyecto no tardará en estar listo. Lo que tienen que enfrentar ahora, son los riegos de la violencia.

Como se sabe, buena parte de las zonas en las que se concentra la mayor parte del gas a explotar, se

encuentra en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo león y Veracruz, los cuales, unos más, otros menos, son escenarios en los que la violencia ha sentado sus reales.

Este factor de preocupación puede detener algo las inversiones. Pero a final de cuentas, el tamaño de los negocios por llegar, puede modificar los temores. Pero no resolver el problema.

Por ello, los grupos de inversión han puesto desde ahora, su atención en la forma en que se podrían enfrentar los retos planteados por la delincuencia.

Las extorsiones, los secuestros y en el plano final, los asesinatos son ya parte del cálculo. Ello implica la posibilidad de que se acepte pagar “el derecho de piso” como mal menor, o el de contar con seguros de alto precio, para que los empleados acepten ir a las zonas de riesgo.

Pero eso es del lado de los inversionistas.

El problema real es para el gobierno mexicano que, en campaña, se comprometió a resolver el problema de la inseguridad y que prometió tener resultados importantes desde el primer año.

Ahora, a punto de llegar al final de segundo año, la violencia ha repuntado y ha puesto si no en peligro, sí en un escenario diferente y poco atractivo, el tema de las inversiones.

Los capitales juegan a los riesgos. Los empleados, de todos los niveles, pueden aceptar por su parte, un tipo de apuesta similar si los salarios y las prestaciones son importantes. Pero ello implica que quienes inviertan tengan mayores márgenes de ganancia.

Para el gobierno entonces, todo parece más complejo. Primero tiene que aceptar que no pudo resolver el problema de la inseguridad. Después, garantizar el nivel de las ganancias para que las inversiones se realicen. Y finalmente, esperar que la violencia no provoque incidentes mayores.

Y todo puede reunirse en un sólo punto. La inseguridad no pudo ser vencida.