PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, es de los políticos que piensan que la mejor manera de resolver una crisis es ahondarla. Y por ello, la receta del “escape hacia adelante” a sido puesto para resolver la difícil situación derivada del enfrentamiento entre policías y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan que costó ya la vida a un menor y dejó varios lesionados.

El mandatario poblano que hace apenas unos meses hizo que el Congreso estatal le aprobara su ley de Derechos Humanos que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública en la que se encuentra la autorización para emplear la violencia en contra de manifestantes, alega ahora incomprensión y estigmatización de su proyecto.

Moreno Valle envió un proyecto al mismo Congreso al que ya avasalló para aprobar la cita ley, ahora con la idea de que esa legislación se analice y en su caso se modifique, ante la incomprensión que le rodea.

Dicho de otra manera, el problema es de los ciudadanos que no entienden al gobernador y no de la idea de autorizar la represión mediante una ley.

La multicitada ley de Moreno Valle fue inmediatamente bautizada como “Ley Bala, dada la idea de que, cualquier protesta podría ser puesta en el terreno de la seguridad pública, y por lo tanto, reprimida por las fuerzas del orden.

La legislación entró al terreno de la práctica hace unos días. A los genios del gobierno población se les ocurrió retirar de San Bernardino las oficina del registro civil. Ello obligaría a los habitantes del lugar a largos trayectos para encontrar donde realizar sus trámites. Con el costo en dinero y la pérdida de tiempo que los gobernantes no entendieron.

La protesta llegó al bloqueo de la carretera Puebla-Atlixco. Llegó la policía, se desató el enfrentamiento y en el choque un joven de 13 años fue alcanzado por un proyectil en la cabeza, lo que le causó la muerte días más tarde.

El gobierno de Moreno Valle no reconoce culpa alguna. Desvió la atención a factores diversos. Acusó a los lugareños de provocar la violencia. Detuvo el cuerpo del jovencito sin permitir a nadie que no fuera parte del aparato estatal verlo. Y los familiares se enteraron de la muerte del muchacho por canales no oficiales.

Ahora, ante la ola de protestas y el creciente malestar registrado en contra de un gobernador que se ha caracterizado por su falta de sensibilidad y su excesiva soberbia, la receta es simple. Modificar la ley pero sólo por la incomprensión y satanización que se ha creado ante ella.

Esto es, Moreno Valle no se siente responsable de nada en este problema. La culpa es de los vecinos de la zona afectada por al retiro de las oficinas del registro civil y no de quienes tomaron semejante decisión. El problema es de la población que no entendió la ley y que se burló de ella, y no de la idea que encerraba de permitir la violencia para reprimir manifestaciones y protestas.

Es claro que hay corrientes políticas que desean sacar ventaja de este hecho. Pero ello es parte de la actividad política. Las oposiciones se nutren de los errores y promesas no cumplidas del grupo en el poder.

Pero aquí el problema es algo más complejo.

Rafael Moreno Valle no parece entender la crisis que enfrenta. Supone que su ambición política se mantiene estable. Y con la idea del “escape hacia adelante”, lo que intenta ahora es lanzar la responsabilidad de todo, a los habitantes de San Bernardino primero y a los ciudadanos de Puebla después, por no aceptar decisiones de gobierno sin importar si les afectan o no, y por estigmatizar las decisiones del gobernador convertidas en ley.

Esto es un ejemplo muy claro, de lo que un gobernador en México puede hacer. Sin importar más nada que su voluntad.