PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Independientemente de los resultados que obtenga la Procuraduría General de la República en sus investigaciones sobre la reunión de Rodrigo Vallejo con Servando Gómez, mejor conocido como “la Tuta”, lo que hace falta es una explicación sobre las fallas en la labor de las autoridades encargadas de la pacificación en Michoacán.

Es un escándalo a nivel internacional el hecho de que el hijo del exgobernador de Michoacán se haya reunido con un líder del narcotráfico. Y la parte central del escándalo no es otro que el de la incapacidad oficial para conocer de esos hechos. O conocerlos, pero tratar de esconderlos.

La PGR, una vez destapada la cloaca, procedió con toda la velocidad que antes no se aplicó, para dar paso a los interrogatorios de Rodrigo Vallejo. Pero nada se dice de la tardanza, del desconocimiento o de la torpeza de quienes se hicieron cargo de los trabajos de “limpia” en Michoacán.

Alfredo Castillo, en su calidad de comisionado especial, dio vida a decisiones importantes. Se encargó por ejemplo, de arrinconar y poner ante juez a Jesús Reyna, todopoderoso secretario general de gobierno en el estado y gobernador interino en tanto Fausto Vallejo se encontraba con licencia a causa de un mal hepático.

Fue el hombre que dio paso a la “regularización” de los grupos de autodefensa, aún cuando para llegar a esa meta se tuvo que torturar la ley que marca con toda claridad, quienes pueden y quienes no, portar armas de cierto tipo.

Castillo fue el hombre que decidió que aquellos líderes de las autodefensas rebeldes, como el doctor Mireles, serían puestos en la cárcel, Y de nueva cuenta, se manejaron situaciones que mucho parecían ser más un montaje, que otra cosas.

Pero ese mismo comisionado y jefe político de la entidad, con todo el poder en mano, es el mismo que no sólo no ha podido capturar a la “Tuta”, sino que no sabía de las reuniones del hijo del gobernador Vallejo, con el líder de los “Templarios”.

Este hecho por sí sólo, hace dudar de todas las otras decisiones. Y deja abierta las especulaciones en torno a la forma en que se ha “pacificado” Michoacán.

Si las autoridades no sabían de los encuentros, la incapacidad para la investigación es obvia. Y por supuesto, aquello de la utilización de la “inteligencia” en lugar de la violencia, se queda en el terreno de los discursos.

Por el otro lado, si sabían y no sólo no hicieron anda, sino que esperaron que el tiempo resolviera el problema, la idea de los acuerdos con algunos grupos de delincuentes queda en el aire.

La PGR puede resolver como se quiera el caso. Puede declarar responsabilidades sobre Rodrigo Vallejo. O puede por el contrario, declarar que no hay delito que perseguir.

Pero lo que no podrá hacer, por mucho que lo intente, será resolver las dudas sobre lo que en realidad ha sucedido en Michoacán.

Mucho más allá de Rodrigo Vallejo, lo que está en juego es la credibilidad de las decisiones del gobierno federal.

Dicho de otro modo. Lo que se ha puesto en duda es el objetivo planteado con el proyecto de la pacificación de una entidad que, ahora se ve, estaba (¿ o sigue?) dominada por el narcotráfico.

Es obvio que se ha castigado a ciertos líderes y que algunos grupos fueron desbaratados.

Pero también lo es ahora, el hecho de que, se acepte o no, las operaciones realizadas fueron de tipo selectivo. Y que de no ser por trabajos periodísticos, el fondo de las cosas seguiría lejos del dominio público.