PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Uno de los discursos que más se recuerdan del presidente Enrique Peña Nieto fue aquel, en la parte inicial de su gestión, cuando colocó a su gobierno de frente a los grupos fácticos y a favor de la legalidad y los derechos humanos. El escenario no podía ser más adecuado. Ni la oportunidad. Pero dos años más tarde, la realidad parece haber vencido a la expectativa. Las palabras se encuentran a punto de desaparecer ante la presión del tiempo.

Por supuesto, los dichos del presidente encontraron en la figura de Elba Esther Gordillo, el canal oportuno para dejar en claro que se actuaría con todo el peso del poder para por fin, colocar al estado como el verdadero rector de la vida nacional.

Pero, después de eso, nada. Al menos nada que pudiera demostrar que se pondría orden en aquellos grupos de presión y/o de poder que sin rubor alguno, se confrontaban con el poder político establecido.

Poco a poco, el gobierno dejó de hacer cosas. Aparecían líder del narcotráfico o políticos venidos a menos, como figuras destinadas a demostrar la actuación. Pero de los grupos fácticos, nada.

De esta manera, el gobierno llegó al punto crítico del caso Sonora, provocado por la irresponsabilidad industrial de Grupo México. Los daños son visibles, la forma impune en que ese grupo trabaja y las evidentes ligas con el poder político, han provocado marchas y contramarchas en las que lo único realmente claro, es que nadie sabe qué pasará.

Hay denuncias y exigencias en el Congreso para que el gobierno actúe con toda la firmeza del caso. Pero desde el gobierno hay claras intervenciones que dejan ver que se dio paso al acuerdo político. Sin más objetivo que el acuerdo mismo.

Así, el gobernador panista, Guillermo Padrés, encontró una tabla de salvación para sus muchos errores. Un político que a cambio entregó al gobierno una nueva alianza con el PAN que, por más endeble que sea, le permite a la administración federal caminar hacia temas que, como podría ser el presupuesto, requiere de apoyos en el Congreso. Apoyos que tendrían que ser los votos panistas.

Ello deja de lado por supuesto, todo lo relacionado con la responsabilidad de la empresa Grupo México. Pero al mismo tiempo, abre la puerta para nuevos acuerdos. Y deja libre la ruta para una nueva legislación industrial que no resolverá los problemas de fondo en el sector, pero que le permitirá al gobierno consolidar su imagen.

Otro tema que por razones obvias no formaría parte de los grupos fácticos, pero que incuestionablemente coloca al gobierno frente a los cotos de poder, es el de Tlatlaya.

El gobierno tiene un discurso ligado a los derechos humanos y a la necesidad de privilegiar las labores de inteligencia. Pero los hechos en la citada localidad del Estado de México pueden terminar con esa postura y dar vida a un reto muy serio.

Según se ven las cosas, resulta en realidad, muy complicado aceptar que en un enfrentamiento armado, 22 delincuentes resultan muertos y a cambio, sólo un soldado es herido. La lógica dice que, al menos alguno de los bandidos tendría que haber sobrevivido. Cosa que está visto, no sucedió.

El problema para el gobierno aparece cuando, por lo visto, se quiere detener la investigación de lo sucedido. Esto es, no se quiere llegar al fondo de los hechos.

Y se ha iniciado una campaña para linchar a quienes critican al Ejército y hablan de la posibilidad de ejecuciones ilegales.

Pero ¿no es más insulto aceptar actos ilegales y dejarlos impunes? ¿No esa posibilidad daña a toda la institución?

Si Tlatlaya no es realmente transparentado, el gobierno actual habrá colocado su accionar en el mismo riel sobre el cual trabajó la pasada administración. Con todo lo que ello representa.

Y habrá dejado a las fuerzas armadas sujetas a uno de los peores juicios existentes. El de la sospecha.