jaime arizmendiPor Jaime Arizmendi

*La Corrupción, ¿Somos Todos?; Diputados a SFP

*Inifed, Auditores de OIC Vs Sindicalizados; no Contra Corruptos Heredados

Argonmexico / Mejor Cuéntame una de Vaqueros… En los primeros 19 meses del actual gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública presume haber sancionado a 14 mil 905 servidores públicos por actos de corrupción; 12 mil 651 de la Federación. Dos mil 614 fueron inhabilitados; tres mil 299 suspendidos de funciones y 346 destituidos. Por eso se han recuperado seis mil 114 millones 600 mil pesos.

Legisladores acusaron a su vez que de septiembre de 2013 a junio 2014, del seguimiento de las acciones registradas por los órganos internos de control en sus programas anuales de auditorías, se detectó falta de realización del 25.8 por ciento de las mismas.

Aunque para taparle el ojo al macho, y llenar reportes y estadísticas que envían a la SFP, sabuesos de los órganos de control interno se dedican a “auditar” los apoyos miserables que se conceden a empleados; pero desdeñan su obligación: indagar los “arreglos” para la asignación directa de obras y contratos, como ha sucedido en el Inifed desde hace años.

Otro aspecto grave radica en que sólo 34 de cada 100 instituciones de la Administración Pública Federal cuentan con algún órgano de consulta a la sociedad; el resto: 137 de las 208 dependencias a las cuales aplica la estrategia de participación ciudadana, no tienen siquiera una opción que dé entrada a la participación de la ciudadanía.

El actual encargado del despacho de la SFP, Julián Alfonso Olivas Ugalde, compareció el lunes pasado ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, donde le recordaron que la corrupción eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias.

En los posicionamientos, el diputado priísta Juan Isidro Del Bosque Márquez admite que la corrupción “representa un lastre en razón de los efectos negativos que provoca”; en tanto que la panista Mariana Dunyaska García Rojas inquirió: por qué reinició las actividades Oceanografía con los contratos de Pemex. “Ni nosotros, ni los ciudadanos estamos dispuestos a dar pasos atrás en esta materia”.

Víctor Manuel Bautista López, del PRD, adujo que sin transparencia verdadera, ni buenas prácticas al ejercer los recursos públicos, la corrupción seguirá impidiendo el adecuado control institucional de la población sobre sus gobernantes. Cuestionó así por qué empresas como OHL obtienen contratos públicos muy importantes, como el tren interurbano México-Toluca.

La ecologista Laura Ximena Martel Cantú previno que el país sólo superará el rezago existente si se combate la corrupción de manera frontal. “Para las instituciones públicas, y para los funcionarios, el único camino posible es el de la legalidad. La rendición de cuentas sobre cada peso gastado del erario, y sobre cada acción de los funcionarios públicos”.

Por MC, Zuleyma Huidobro González arguye que el sancionar a más de 14 mil servidores, cuando en la administración pasada fueron 13 mil 198, es para el gobierno federal un avance; pero el amiguismo y los compromisos van en aumento; y las sanciones a proveedores y contratistas decaen. “Mientras el año pasado fueron 427, en éste último sólo se han impuesto 256”.

Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, se lanzó más duro al calificar como “vergonzoso y preocupante” que a nivel mundial México ocupe el lugar 106 de los 177 países encuestados en combate a la corrupción, cuando los daños de este flagelo superan el billón de dólares anuales; es decir, entre 10 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto.

Incluso trajo a la memoria que la reforma constitucional para crear el organismo anticorrupción está pendiente de dictamen en la propia Cámara de Diputados; pese a que hay la convicción de que el trinomio: trasparencia, cultura de la rendición de cuentas, de la gestión gubernamental y combate a la corrupción, son piedra angular de las instituciones públicas, y única vía para recuperar la confianza ciudadana en el gobierno y sus representantes. Por ello, deben ser atendidas de manera prioritaria.

Olivas Ugalde, a la vez subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, destacó que ocho mil servidores públicos recibieron amonestaciones, públicas o privadas; y se impusieron 642 sanciones económicas por un total de mil 591 millones de pesos.

Dijo que de septiembre de 2013 a agosto del presente año, se concluyeron nueve auditorías y siete visitas de inspección a dependencias y entidades, con un monto fiscalizado de siete mil 806 millones de pesos; y que de estas se desprendieron 56 observaciones con un monto irregular por aclarar de 589 millones 400 mil pesos.

Pero el 7 de julio de 2010, el director del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), Manuel Ambriz Medina, acusó que durante ese sexenio se construyeron o remodelaron mil 184 planteles, con 71 empresas constructoras zacatecanas; sin embargo, al margen de la Ley de Obras Públicas del estado, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), aplicó recursos “a discrecionalidad”, para contratar empresas foráneas.

El problema reside en que el aún organismo dependiente de la SEP maneja la figura de subsidio, “en la cual no es muy clara la selección de empresas, pues no son sometidas a una licitación”; cuando con los recursos asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hay más obra en las escuelas zacatecanas; pero al ser aplicada por el Inifed tienen “un montón de irregularidades”.

Denunció que el Inifed aplicaba los recursos en toda la República Mexicana contraviniendo e ignorando sus propios reglamentos, y en desdén de las leyes estatales de Obras Públicas; cuya duplicidad de funciones y falta de planeación perjudica a organismos locales como Inzace.

El Inifed (Ernesto Velasco León asumió la Dirección General del Inifed en junio de 2009, cinco años después, su yerno Exécatl Gutiérrez Ramírez funge en 2014 como el “todopoderoso” Director de Administración), “selecciona discrecionalmente a empresas constructoras”, con un esquema de insaculación, que “deja mucho que desear, y marca una serie de irregularidades” al aplicar sus recursos.

Eso es lo que los auditores del Inifed deberían castigar, no los paupérrimos apoyos que se dan al personal sindicalizado, y que luego con artimañas y marrullerías leguleyas les cargan, violentando la legislación laboral. Todo por órdenes del distinguido yerno de la ¡Familia Feliz! Mejor renuncia, o acabarás en la cárcel cuando se difundan tus videos…

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