PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Ante los hechos es obvio que Angel Heladio Aguirre es para todos, más un estorbo que un activo político. Si se va o se queda en el cargo, es lo de menos. Ante el desbordamiento de los acontecimientos, lo importante ahora es saber qué medidas aplicará el gobierno federal para resolver la crisis que se vive en el país.

Es obvio que, como ya se dijo, esto es una crisis no de instituciones, sino de clase política. Y el hombre encargado del gobierno de Guerrero es uno de los ejemplos más acabados de esta afirmación. El tema ahora es que, por más que esa crisis abarca también al gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que se requiere es la toma de las decisiones.

Para todo mundo es obvio que el combate contra la delincuencia organizada ha resultado un verdadero fracaso. Las estrategias, si es que en realidad pueden llamarse así, no han logrado detener la violencia. Y los integrantes de la administración pública, en todos los niveles, no sólo naufragan abiertamente, sino que muchos de ellos se encuentran coludidos con el narcotráfico.

Así, el tema no es más la figura del señor Aguirre, sino el conocer el tipo de decisiones que aplicará el gobierno federal ante una crisis que, como se supo desde el fracaso “diálogo” con el IPN, demandaba de la autoridad, algo más que actos de templete y discursos tranquilizadores.

Y si lo que ha fallado es la estrategia interna y por obvias razones, las acciones de los encargados de las áreas hoy en conflicto, las decisiones que se esperan tendrían que cubrir esos flancos.

La seguridad no avanzó nada. Incluso hay retrocesos desde el momento mismo en que el ejército queda abiertamente desacreditado por los sucesos en Tlatlaya. Y la política se tropieza al momento en que los cálculos que se hicieron sobre Guerrero y el IPN fueron fácilmente rebasados por una realidad a la que en estos momentos amenaza con sumarse la UNAM.

El panorama no es alentador. Por el contrario, el desgaste de las autoridades en lo político y el combate a la delincuencia es no sólo evidente, sino acelerado. Y ese descontrol abre la puerta a

mayores problemas.

El gobierno se encuentra ante una crisis que ha puesto en evidencia problemas que nadie esperaba encontrar y menos antes de que se cumplan los primeros dos años de la administración.

Y buscar una solución mediante un simple control de daños no parece ser una receta adecuada.

El gobierno tiene ante sí el relevo de director en el IPN. Se avecina el proceso de sucesión o ratificación en la cada día más desprestigiada CNDH. Está en el centro el proceso electoral que culminará a mediados del año próximo. Tiene en las manos la presión internacional para que Tlatlaya y Ayotzinapa se resuelvan a fondo. Y los tiempos para todo ello son conflictivamente cortos.

En Guerrero se dejó sentir ya el malestar contra el gobierno local. Ataques a la sede del poder en la entidad. Y amenazas de violencia. Aguirre no requiere que lo retiren. Lo van a derribar.

Pero el problema se mantendrá vigente. Los límites se han desbordado peligrosamente. Y la lentitud del gobierno en la toma de decisiones podrían ser un ingrediente muy explosivo-

La crisis es de clase política, no de instituciones. Y esa clase política tendrá que tomar decisiones rápidas y eficaces, si no quiere que el rebase de los límites se convierta en el rebase de las instituciones.

Si ello llega a suceder, entonces los problemas serán una amenaza demasiado grandes. Para todos.