PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El fracaso del gobierno no puede ser más evidente. Y claro está, no puede ocultarse. La prensa internacional ha puesto la situación a la vista: México se olvidó de la importancia del derecho y el orden.

Las críticas llegadas desde el exterior, que son las que en realidad preocupan al gobierno, señalan que las reformas estructurales se convirtieron en una obsesión para el equipo en el gobierno. Y los esfuerzos realizados corrieron en un sólo sentido: alcanzar esos cambios, para lo cual se cedió en todos los otros terrenos.

Ahora, México tiene las reformas en la mano, pero carece del entramado legal firme, que le permita hacer frente a la violencia.

En pocas palabras, las críticas internacionales marcan lo que en el interior del país se dijo desde un principio: el Pacto por México no pasaba de ser un acuerdo cupular que poco representaba, en la realidad, a todo el país.

Para dar vida a ese pacto, el gobierno cedió ante el PRD y se decidió no aplicar la ley a todas las autoridades que se sabía ya, tenían nexos muy claros con la delincuencia organizada. Y se cedió ante el PAN para no aplicar, de manera alguna, sanciones a todas las irregularidades cometidas en la gestión de Felipe Calderón.

Así, entre otras muchas cosas, se perdió de vista el peso social que tenía que un aliado del gobierno como el PRD, recibiera beneficios de autoridades electas que mantenían lazos poco recomendables con grupos de delincuentes, o que el otro, el PAN, se quedara sin explicar, por ejemplo, la impunidad originada por los miles de muertos registrados en los seis años anteriores, sin que hubiera responsables o al menos, investigaciones sobre lo sucedido.

De esta manera, el gobierno de Enrique Peña Nieto se convirtió en responsable, por omisión al menos, de todo lo que llegara a suceder. Ahora, con Tlatlaya e Iguala, la responsabilidad difícilmente

puede quedar sólo en “unos cuantos” en el Ejército o en las autoridades municipales, estatales o federales.

Y como dicen desde el exterior, lo que ahora tiene México es una plataforma de reformas que no pueden ser puestas en marcha debido a la ausencia de derecho y orden.

Y es aquí, como ya se dijo, en donde el gobierno federal se encuentra entrampado.

Ya se sabe qué fue lo que sucedió. Elementos del ejército ejecutaron a supuestos delincuentes. Y el gobierno y las fuerzas armadas quisieron ocultar los hechos. Y en Iguala, la autoridad municipal estaba ligada al narcotráfico. La policía secuestra y al parecer asesina a estudiantes, y el PRD de Jesús Ortega y Jesús Zambrano defiende al alcalde.

La ausencia de la legalidad en su máxima expresión. Y nadie que ponga orden.

No hay se dice en el extranjero, rendición de cuentas. Ni tampoco un combate real a la impunidad.

De esta manera, la respuesta que de el gobierno, que parece extraviado en los muchos niveles del problema de la violencia, será la que marque definitivamente al sexenio.

Es claro que la violencia ha puesto ya parte de su sello. Pero será el mismo gobierno el que ponga la parte final.

Y de acuerdo a como se observan las cosas, parece ser que en el gobierno federal hay mas preocupación por impedir la consolidación de tal o cual grupo que por consolidar a la administración total.

Al inicio del problema, el discurso trataba el problema como algo local. Ahora, a querer o no, son las autoridades federales, destacadamente Gobernación y la PGR, las que aparecen llenas de incompetencia. Pero, con el añadido de que ambas instituciones reciben órdenes.

De esa manera, otra vez lo que falta es la decisión final. Y de esa determinación dependerán muchas cosas.