norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

Ante los problemas desatados por los casos Tlatlaya e Iguala, los esfuerzos del gobierno federal parecen más encaminados a la administración de la crisis que ha encontrar una solución de raíz. Con todo lo que ello puede significar.

Así, horas antes de que Angel Heladio Ramírez solicitara licencia como gobernador en Guerrero, el procurador general de la República, Jesús Murillo, apareció en público para “poner en claro” que los “responsables” de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapan, eran el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa.

Por lo que se refiere a las ejecuciones extra judiciales realizadas por el Ejército en Tlatlaya, horas después de la licencia del mandatario guerrerense, el presidente Enrique Peña Nieto demandó de las fuerzas armadas el respeto a los derechos humanos y a la legalidad.

Y para complementar el cuadro, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, advirtió que los militares no pueden rebajar sus actividades al nivel de los delincuentes.

La suma de todo esto pone a la vista el deseo de controlar el problema. Pero no de ir al fondo en pos de una solución real, por más penosa y costosa que pueda resultar.

Es sencillo adivinar que en Guerrero la desaparición del señor Aguirre no es la solución a la crisis. Es un paso en la ruta correcta, pero incompleto sin lugar a dudas.

En Guerrero hay mucho que explicar. Y el tiempo trabaja en contra del gobierno.

Por supuesto, el perredismo de los “Chuchos”, con Carlos Navarrete en un papel estelar, tiene mucho que ver con todo lo sucedido, que no es otra cosa que la liga entre la delincuencia organizada y la política.

No puede dejarse de lado el papel de los perredistas en todo esto. Ni puede aceptarse que con un simple “usted perdone”, obtengan la impunidad.

El reto es claro: la corrupción de los cuadros políticos a manos de la delincuencia organizada. Y la ineficacia del aparato de inteligencia del estado, en todos sus niveles, para no hablar también de corrupción, que fue incapaz de detectar lo que sucedía no sólo en Iguala, sino en buena parte del país.

Aquí entonces, puede adivinarse el intento del gobierno para detener la magnitud del problema. Se pretende que se crea que todo es cuestión de unos cuantos municipios. O de unos cuantos cuadros políticos, obviamente de todos los colores.

Pero entonces aparece el asunto Tlatlaya, que sucedido antes de la tragedia de Iguala, ayuda a entender las reacciones oficiales, por más que no a justificarlas.

Las ejecuciones en el Estado de México se registraron hace tres meses. Y fueron calificadas por militares y autoridades de la entidad, como un enfrentamiento entre delincuentes y la tropa. El gobierno local felicitó a los militares por su trabajo.

Hasta que la verdad fue puesta ante la opinión pública por testigos y medios de comunicación. Se había ejecutado a los supuestos delincuentes. Y la CNDH humanos, hace una semana, puso en claro las cosas. Incluso ahora, había menos consignados de los que verdaderamente resultaban responsables.

Sí, el llamado del presidente Peña a los militares para que respeten los derechos humanos y la legalidad es una respuesta, tibia, a lo sucedido. Y que el Secretario de la Defensa Nacional advierta que quienes violen la ley serán puestos ante los tribunales obliga a preguntar ¿es que ello no sucedía”.

El intento es por evitar que la realidad se desborde, por mas que ello ya sucedió.

Querer detener todo en el marco de “un hecho aislado” para Tlatlaya, o fueros “sólo dos” para el caso Iguala, no parece ser la mejor receta para apagar la crisis.

El gobierno tendrá que tomar decisiones muy importantes. Y de ellas dependerá no sólo lo relacionado con los dos temas que nos ocupan, sino todo el futuro del propio gobierno federal. Y tal vez, mucho más.