norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

La apuesta del gobierno federal no ha variado. El tiempo y las negociaciones, son la receta que se he seleccionado para hacer frente a la crisis de la clase política destapada por los eventos en Tlatlaya e Iguala.

Así, se ha sacrificado el liderazgo presidencial y se ha decidido marchar por la vía que, en la primera parte del gobierno arrojó importantes resultados: el acuerdo político.

De esta forma, y a pesar de a enorme presión social, todo hace indiciar que las respuestas a la crisis serán de corte programado. Esto es, se llegará a niveles que llamen la atención, pero que difícilmente irán al fondo del reto que plantean la corrupción y la impunidad.

Es por ello que en Guerrero se dejó correr el tiempo, ya que se esperaba que la presión se aliviara al momento en que Angel Aguirre dejará el poder. Y es por ello que el nuevo gobierno estatal se dejó en manos de un reconocido grupo de izquierda, y se pensó en “seguros” con cargos designados por la federación.

En lo que se refiere a Tlatlaya, después del intento por ocultar la verdad, el gobierno se lanzó a la persecución de los responsables. Y juzgará a varios militares, pero dejará abierta la idea de que en el ejército mexicano, no es posible que las órdenes no sean obedecidas, por lo que la “respuesta” será siempre, de corte limitado. Una solución de alcance limitado.

Sin embargo, esta receta ha tenido costos elevados. Más que en otra parte, en la imagen del gobierno en lo general y del presidente Enrique Peña en lo particular.

La lentitud con la que se enfrentaron los hechos y la manipulación que se intentó con el problema del IPN, abrieron brechas enormes en la credibilidad y confianza ciudadana para con el gobierno. Y la torpeza mostrada en todos los eventos, deja ver que no hay capacidad real para resolver la crisis, por lo que es el acuerdo político la ruta que se ha seleccionado para salir del atolladero.

Esta determinación lo que ha generado es una creciente incertidumbre. El tono de la inconformidad

social hace rato que salió de Guerrero para extenderse a todo el territorio nacional. Ya no se confía en los datos que se proporcionan sobre Iguala o en el silencio sobre Tlatlaya. El presidente perdió el liderazgo y el gobierno la confianza ciudadana.

El silencio y la lentitud de la administración federal son dramáticos. Y responden a la necesidad de

encontrar una salida a la crisis. Y esa actitud pone de manifiesto que el problema es más grave de lo que se quiere reconocer. No se dice la verdad por la simple y sencilla razón de que no se tiene la capacidad política para enfrentarla. Y ello significa sólo que lo sucedido rebasó al gobierno en muchos aspectos.

Todo hace indicar que, por ejemplo, Angel Aguirre se encuentra a un paso de ser enjuiciado. Pero ello sucederá sólo cuando la situación política sea la adecuada para la estrategia oficial. No se quiere la respuesta adecuada, sino el pacto político necesario.

Por supuesto, esto tiene sus riesgos.

El primer problema sería la imagen internacional, especialmente cuando es claro que el gobierno ha perdido la iniciativa en el campo político.

Después, quedaría el aspecto interno. Y las manifestaciones programadas para estos días podrían servir de termómetro para saber hasta dónde y de qué manera se podría aplicar la receta oficial del acuerdo político.

De cualquier manera, para el gobierno la salida es única. O se decide a realizar los cambios y a combatir decididamente la corrupción y la impunidad, o se refugia en las alianzas políticas que parecen da fuerza, pero que en la práctica sólo lo alejan de la sociedad.

Y entonces sabremos qué es lo que podemos esperar para el resto del sexenio.