La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa presentada por diputados y senadores panistas, para la creación de los sistemas nacionales anticorrupción y de fiscalización.
La Cámara de Diputados informó que la propuesta tiene como fin reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones a los Artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución.
De acuerdo con el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2013, México ocupa el lugar 106 en esa materia de 177 naciones evaluadas, lo que hace necesario redoblar esfuerzos para prevenir, detectar y sancionar esa conducta, refiere el documento.
Establece que el combate a la corrupción será mediante la modernización de las instituciones, que deben otorgar a la ciudadanía funciones directas de fiscalización, investigación y persecución de los delitos en la materia.
Además de que es urgente combatir la cultura de la impunidad que prevalece en México, así como eliminar la incertidumbre jurídica de ciudadanos, empresarios y de la sociedad en su conjunto, detalló la Cámara de Diputados en un comunicado.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que se pretende crear se conformaría por un comité coordinador, un consejo nacional para la ética pública y un comité de participación ciudadana.
Mientras que el Sistema Nacional de Fiscalización coordinará las acciones de los órganos en la materia, para generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones, evite duplicidades y favorezca un intercambio efectivo de información.
Asimismo, que homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías, además de que establezca los deberes de quienes conforman dicho sistema.
La propuesta plantea facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes de carácter general que regulen la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, para hacer eficaz y eficiente la revisión del destino que se da a los recursos públicos.
Asimismo propone establecer que los bienes derivados del delito de enriquecimiento ilícito sean tratados conforme al procedimiento de extinción de dominio.
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