PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El gobierno federal intenta ante la crisis desatada por los casos Tlatlaya e Iguala, dar pasos hacia el frente, sin entender que todo lo que logra es dar marcha atrás en todos los terrenos, fundamentalmente en el de la credibilidad.

Con la idea de resolver el tema de las ejecuciones realizadas por elementos del ejército en Tlatlaya, se informa que se han presentado acusaciones en contra de 7 militares, tres de los cuales son acusados por homicidio.

No obstante que el hecho es obviamente un paso importante, la realidad nos dice que es totalmente insuficiente. No es posible aceptar que tres soldados asesinaron a una veintena de personas, supuestamente delincuentes, sin que nadie lo impidiera.

Esto sin más, obligaría a una investigación sobre lo que sucede en el ejército. Con los datos proporcionados por las autoridades, es obvio que en las fuerzas armadas, guste o no, las órdenes no se cumplen, al menos no siempre, y que cada elemento tiene la posibilidad de decidir la forma de actuar, sin que importa para nada, el rango o la pirámide de mando.

De esta manera, la propia información oficial nos invita a demandar una aclaración ya no sólo de los sucesos en Tlatlaya, sino de la realidad imperante en el ejército, en el cual, según los datos proporcionados, la insubordinación es algo con cierto grado de “normalidad”.

Y ello no es todo.

Ahora se sabe que en Iguala, durante los hechos que terminaron con estudiantes asesinados y varios más desaparecidos, el ejército tampoco cumplió con lo que se supone es su deber: dar protección a la ciudadanía.

La información dice que, en tanto se registraban los hechos y la policía local atacaba y secuestraba a los normalistas de Ayotzinapa, el ejército bloqueaba calles y carreteras, con lo que simplemente se permitía la violación de la ley y la posterior desaparición de 43 estudiante.

Así las cosas, el problema va mucho más allá de una ejecución ilegal. Hay un problema por demás serio que desgasta terriblemente, a las fuerzas armadas y lesiona, de manera grave, la credibilidad del gobierno federal.

Este no es un tema político. Y no podrá resolverse con decisiones políticas. Es una crisis de gobierno que exige decisiones de gobierno. Cualquier otra cosa, como sucede con la detención de los soldados por lo de Tlatlaya, quedará sólo como un remedo de respuesta de fondo.

Pero las cosas aún pueden ser más serias.

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre lo sucedido sobre las ejecuciones en el Estado de México, poco se sabe de lo que realmente se encontraba en la bodega escenario de los sucesos. ¿Qué había en la bodega? ¿No había nada? ¿Qué hacían los supuestos delincuentes en esa bodega? ¿Cómo se realizaba el patrullaje del ejército?

Lo mismo sucede con los alumnos de la normal de Ayotzinapa ¿Cuál es el motivo del ataque? Hasta el momento, los argumentos que se manejan son del todo infantiles. Y las especulaciones entonces corren libremente de un lado a otro

Los normalistas ¿se apoderaron de un camión que no se debía tocar? ¿El ataque fue para “controlar” a los normalistas? ¿Fue para controlar los vehículos?

El gobierno puede y debe juzgar a los militares que ejecutaron de manera ilegal a una veintena de personas. Pero suponer que con ello se resuelve el problema de fondo, sería un error y pasaría a crear la imagen de que las autoridades se quieren burlar de la ciudadanía.

Querer dar pasos hacia el frente, cuando en realidad se marcha hacia atrás, podría ser mucho más que un error de cálculo. Podría significar alejar definitivamente, al gobierno de la sociedad. Con todo lo que ello representa.