norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

La crisis desatada por los sucesos de Tlatlaya e Iguala han llevado al gobierno federal a un callejón que podría no tener salida. Al menos no adecuada.

La presión desatada dentro y fuera del país ha servido además, para poner en evidencia el hecho, nada novedoso, de la falta de cohesión dentro de la estructura de gobierno. Esto cual, sumado no sólo a la falta de logros, sino a los muchos errores en la toma de las decisiones y en la forma en que se han asumido, ha dado como resultado la pérdida de credibilidad y confianza.

Decir que Iguala y Tlatlaya son los puntos culminantes de la crisis, es algo obvio. Pero no entender que el problema de la acción de gobierno viene desde el arranque de la administración, sería una torpeza.

Nadie niega la confrontación entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación. Y dentro de esa batalla, nadie puede dejar de ver los movimientos de los funcionarios en los “segundos niveles” que aspiran sin más,a suceder a quienes hasta el momento, aparecen como sus jefes.

Dicho de manera coloquial, el gobierno es el principal enemigo del gobierno. La administración de Enrique Peña Nieto se tropieza consigo misma.

Los discursos por supuesto, hablan de otra cosa. Elogios de unos para otros y felicitaciones para los demás. Pero en la realidad, se trata sólo de discursos.

Y esa batalla podría no ser extraña. Es más, podría ubicarse dentro de la “normalidad” política al estilo mexicano. Tomar posiciones para, en su momento, mejorar las cosas con nuevas y mejores trincheras.

Pero en esta ocasión la falta de resultados es el problema. Tlatlaya e Iguala son el resultado de esa falta de logros.

Podríamos por ejemplo, recordar como el caso de CAPUFE, con todo el caos provocado por el

cambio en las “tarjetas” para carreteras y vías rápidas, no ameritó reacción alguna de parte del gobierno. Las críticas se tomaron como algo personal o en el mejor de los casos, como la “revancha” de los perdedores, y todo lo demás se hizo a un lado.

Benito Nema, titular de CAPIUFE y compadre del presidente de la República, permaneció intocable. Las fallas simplemente se ignoraron.

Llegó hace unos días, el escándalo de la licitación del tren bala a Querétaro. Críticas desde el inicio que no se tomaron en cuenta. Desprecio absoluto. Y Gerardo Ruiz Esparza, titular de Comunicaciones y responsable de esa licitación, no sólo permaneció firme en la decisión, sino que apareció ante los senadores para defender, a capa y espada, la decisión de entregar a un consorcio chino la obra.

Sólo que unas horas después, por instrucciones presidenciales, se anuló el proceso. Y se argumentó para ello, la intención de “evitar dudas”. Ello significa que había dudas. Y si existían, ¿debido a qué no se cambió al funcionario que las había provocado, en este caso el titular de Comunicaciones?

Del mismo modo, también la semana pasada, apareció Jesús Murillo Karam, procurador general de la República para anunciar la muerte “no oficial” de los normalistas de Ayotzinapan desaparecidos hace casi dos meses.

Y lo evidente fue el afán por dar por terminado el proceso. No por aclarar las cosas. Había que darle al presidente el material necesario para poder “defenderse” en su nuevo viaje al exterior.

En suma, el gobierno sumido en la incomunicación que supone es la estrategia adecuada de comunicar. Sin respuestas de fondo, sin estrategia que vaya más allá de las “grandes reformas” y con una visión de “bote pronto” para responder a los problemas, la administración federal juega o quiere jugar, a las imágenes.

Sólo que reunirse con familiares dolientes para no decir nada, no produce más que enojo y confusión. Y deja abierta la puerta para cualquier tipo de especulaciones.