norberto-de-aquinoPor Norberto DE AQUINO

Si el actual es el momento más difícil para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la semana que está por concluir tendrá que ser la peor de todas. No sólo se han recibido críticas de todos los frentes posibles, dentro y fuera del país, sino que ha quedado claro que la solución real de los conflictos de Tlatlaya e Iguala depende ahora, de lo que los observadores internacionales opinen.

El gobierno mexicano enfrentó los retos con lentitud y torpeza. Incluso dio vida y fuerza a la crisis en el IPN. Y ahora, es la opinión internacional la que se ha impuesto. Y es la que pide investigaciones completas y transparentes y la que exige que se lleve a los responsables ante las autoridades competentes.

Esto es, la obligación del gobierno ha quedado atrapada en el parecer internacional. Y no habrá nada que pueda resolver este punto, como no sea la satisfacción de los críticos.

De pronto, el gobierno que había arrancado su gestión con grandes acuerdos y con promesas de logros para todos, está ahora en un pantano de descrédito y amarrado de manos por la pérdida de la credibilidad.

La desconfianza en las autoridades es total. La descomposición político social avanza en todos los estados. Los partidos políticos son rechazados abiertamente. El gobierno intenta que organismos como la CIDH ayude a dar confianza en lo interno. Y se habla ya de acuerdos para que la ONU tome parte en la crisis y colabore en la construcción de los puentes para la recuperación.

Pero el problema es el mismo. El gobierno quiere resolver la crisis con los miemos cuadros que no fueron capaces de evitarle y menos de controlarla en sus inicios.

El caso Tlatlaya puso contra la pared al gobierno. El ejército ejecutó a varias personas, supuestamente delincuentes y todo el aparato político legal fue puesta a trabajar para ocultar los hechos. Y la presión internacional destapó la mentira. El gobierno quedaba atrapado. El error de mentir serviría de cimiento para el descrédito.

El asunto del IPN se trabajó más con afanes políticos de grupos que con visión de estado. Se intentó ganar posiciones y lo que se logró fue debilitar a la autoridad. El gobierno se enredaba más. Y lo que se pensó se resolvería con la renuncia de la directora del Instituto, se convirtió en una bomba de tiempo que podría arrastrar tras de sí un movimiento nacional estudiantil de alcances muy serios.

Pero nada se hizo. Y se registró el terrible caso de Iguala que como primer efecto, demostró que el gobierno carecía de reflejos políticos, no tenía información suficiente sobre el tema o, si la tenía, no sabía que hacer con ella.

Apareció entonces, la corrupción política en todos los niveles. Partidos y políticos coludidos con la delincuencia organizada. El peor de los escenarios. Y el gobierno federal, incapaz de informar nada o de entender la realidad a que se tenía que enfrentar, decidió intentar un control de daño, limitar el tema a un “asunto local” y tratar de salir lo menos dañado posible.

Ahora, con el fracaso de la estrategia en las manos y con la opinión pública y política internacional que eleva su presión día con día, se quiere encontrar una solución.

Pero lo que la buscan, son aquellos que no detectaron a tiempo las ligas de la delincuencia con los políticos en Guerrero y que si lo hicieron, no entendieron los riesgos que se corrían. Se quiere solucionar la crisis con el equipo político que fracasó de la manera más estrepitosa. Se quiere resolver la crisis de seguridad con los mismos que fueron incapaces de elaborar un diagnóstico siquiera aproximado a la realidad.

En síntesis, se quiere encontrar soluciones, sin realizar los cambios que parecen obligados.

Y con esa forma de ver las cosas, lo que verdaderamente se logrará será entregar al exterior aún más del capital político que se ha entregado ya.

La demanda de juicios transparentes y completos lo dice todo. Los responsables llegará hasta donde la opinión externa diga. Y lo demás, será sólo el intento del gobierno por sobrevivir los largos cuatro años que aún le quedan de gestión.