El retorno del presidente a territorio nacional es también, el inicio del sexenio. O el reinicio. De las decisiones que se avecinan dependerá, totalmente, lo que sucederá con la administración de Enrique Peña Nieto.
Y es fácil encontrar la ruta de la agenda, por más que en complicado adivinar la forma en que se recorrerá esa ruta.
Primero, es evidente que el tema de Iguala ha quedado resuelto. Al menos en la primera parte. Se sabe que los jóvenes fueron asesinados brutalmente. Pero lo que falta es muy importante.
De ello dependerá en buena medida, que se crea o no, la versión final del gobierno.
¿Qué pasó en realidad? No sólo con los estudiantes, sino con el resto de lo acontecimientos. ¿Para que salieron de Ayotzinapa? ¿Alentados por quién? ¿Qué se buscaba? ¿Quiénes ordenaron el secuestro de los camiones? ¿Cómo se registraron loe hechos finales?
Las preguntas son muchas y las respuestas insuficientes. Por ello, el saber qué pasó con los estudiantes no resuelve el problema. Es un pasó. Pero sólo eso. Queda mucho por aclarar. Y de lo que se diga y haga el gobierno en este tramo, se tendrá claro hasta dónde se quiso llegar.
El otro tema pendientes y por mucho, tan complicado y escabroso como el anterior, es el relacionado con la corrupción.
Es más que evidente que el asunto de la casa de la esposa del presidente de la República deja muchos hilos sueltos. Y que las “aclaraciones” hechas hasta el momento lo único que han logrado es complicar más las cosas.
No puede perderse de vista que este asunto golpea directamente al titular del Ejecutivo y que por ello, las respuestas y decisiones que finalmente se tomen tendrán un impacto directo sobre la imagen del gobierno.
De lo que se decida en este caso y la forma en que se quiera resolver la crisis, dependerán muchas cosas hacia adelante.
En los dos casos citados existe el tema de loa discursos y promesas de campaña. Iguala derribó la bandera oficial de la defensa de los derechos humanos. Y la casa en Las Lomas daña la credibilidad en todo lo que es el combate a la corrupción y la impunidad.
Las decisiones no serán sencillas. Pero no pueden dejarse en el olvido. Y el tiempo es ya un enemigo del gobierno.
Y lo es por la simple y sencilla razón de que el país está a seis meses de un proceso electoral federal en el que se pondrán en juego nueve gobiernos estatales y la renovación de la Cámara de Diputados, entre muchas otras posiciones más.
Es sencilla adivinar una campaña de la oposición si los casos de Iguala, sin olvidar Tlatlaya, y de la casa presidencial no son aclarados de una manera que a la sociedad le satisfaga.
El proceso electoral tiene plazos fatales. Y las decisiones tienen que tomarse, obviamente, en base a esos tiempos. Y las candidaturas ya no pueden depender de alianzas politicas simplemente. Las fallas registradas no pueden ser ignoradas.
Los partidos políticos, pero especialmente el gobierno, se enfrentan a un problema singular. Los “amigos” no necesariamente garantizan el futuro. Se pueden ganar comicios, pero perder a la sociedad.
Enrique Peña Nieto tiene que mostrar que gobierno. Y debe enviar señales de manejo y control político. Pero ya no puede hacerlo en base a sus amigos y compromisos.
La necesidad de soluciones llega a este punto.
El gobierno realmente arrancó ayer lunes. Y si los dos años anteriores no necesariamente fueron tiempo perdido, también lo es el hecho de que la forma en que el gobierno se reorganice marcará el éxito o fracaso de lo que se construyó.
Por ello la presión del tiempo. Y por ello la importancia de la forma en que se tomen las decisiones finales.
Soluciones a fondo para reconquistar el poder, o maquillaje para intentar ganar tiempo y mantener alianzas. Falta poco para conocer la ruta que se seguirá en los próximos cuatro años.


