PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Después de negarlo en todos los tonos, el gobierno federal se ha visto obligado a reconocer que la crisis que enfrenta es mucho más grande de lo que deseaba reconocer. Y se prepara para tomar medidas “drásticas” para resolverla. Y en el proyecto aparece una versión “modernizada” del pacto por México, con nombre diferente y actores de mayor envergadura.

Carlos Jimenez Portilla

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mail carlosjportilla@gmail.comSe habla de una “comisión de Estado”, lo que sea que ello signifique, en la que habrá representantes de todos los Poderes y de los sectores sociales. Y la idea no parece mala. Pero si las cosas se mantienen como hasta el momento, por buena que sea la iniciativa, nacerá con serias deficiencias que al paso del tiempo, podrían significar carencias en los resultados.

Es difícil cambiar de rumbo, de proyecto y de estrategia en materia de seguridad sin que antes, se ponga en claro qué fue lo que sucedió en los pasados 22 meses y medio. Esto es, que se rindan cuentas sobre lo sucedido en la primera parte del sexenio, especialmente cuando no hace mucho, el gobierno presumía en todos los tonos, los importantes logros alcanzados en la estrategia de combate a la delincuencia.

A mediados de año, en el mes de junio, Roberto Campa, subsecretario de Prevención en la Secretaría de Gobernación, aparecía en público para anunciar con bombo y platillo, que habíamos pasado de las cifras que nos habían llevado a los niveles de alarma internacional, a cifras que “nos acercan a mejores condiciones”.

Campa es el mismo funcionario que en menos de doce meses, había anunciado que “en un año” se tendrían resultados claros sobre el avance en materia de seguridad.

Pero ello no fue todo.

El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, presumió que la violencia “se ha reducido a su mínima expresión en diversas zonas del país”

En esos momentos, el INEGI entregaba sus cifras sobre el 2013. Y los datos difícilmente permitían un optimismo tan grande de parte de los funcionarios públicos. En esa cifras, los homicidios habían alcanzado un total de 22, 732, algo más de tres mil menos que en 2012 y mucho más abajo del 2011.

Pero la realidad nos decía que las cosas no marchaban bien. México se mantenía como el cuarto país con más homicidios en el mundo y con un elevado promedio de impunidad.

Para septiembre pasado, los organismos civiles anunciaban un repunte en la violencia. Y para entonces, el optimismo oficial había terminado. El tono de los discursos estaba lejos de ser tan alegre. Las cosas se habían descompuesto. Y el gobierno nada decía.

Ahora, con Iguala como reto fundamental y con Tlatlaya y la Casa Blanca como severos lastres en el terreno de la credibilidad, se intenta un cambio de imagen y una nueva alianza.

Pero ¿con los mismos actores que fracasaron?

Para que la nueva alianza, tenga el nombre que tenga, tenga credibilidad total ¿no tendríamos antes que saber qué es lo que falló, quiénes se equivocaron y las razones por las cuales el diagnóstico sobre el que se trabajó en estos primeros dos años fue equivocado?

Ahora se demanda la participación de la sociedad. Y ello está bien. La crisis requiere de medidas contundentes. Sin embargo, ¿se le pide a los ciudadanos que se sumen a un grupo en el que hay funcionarios que no pudieron con el paquete y funcionarios y políticos que en el mejor de los casos se encuentran bajo sospecha en el terreno legal y político?

La peor de las soluciones que el gobierno puede aplicar para enfrentar la crisis es creer que con grandes eventos y destacados pronunciamientos, se puede resolver el problema.

La idea de un pacto con otro nombre y dedicado a otros aspectos de la vida nacional, olvidados en la primera parte del sexenio puede tener atractivo. Pero si lo que se quiere es ganar tiempo, crear imágenes y las soluciones no son de fondo, poco se logrará.

Y el costo de un nuevo fracaso será enorme.